Eduardo Castilla
Giros. La realidad argentina da permanentemente
que hablar. Su dinámica, por momentos, no deja de sorprender. A la hora que empezamos
a escribir estas líneas se registraban seis muertos por los saqueos, que vienen
a sumarse a los dos que dejó la situación vivida en Córdoba hace menos de una
semana. Chaco, Tucumán, Santa Fe, Mar del Plata, Luján, Concordia y La Plata
son algunos de los nombres propios de una crisis que no para de crecer, mostrando
de paso, los límites de la “década ganada” en lo que se refiere a convulsiones
sociales. Estamos cerrando este texto y los medios informan de un nuevo muerto
en Tucumán. Se trata sin duda de una crisis social y política de magnitud que
pone de manifiesto los elementos profundos de lo que ha dado en llamarse fin de ciclo.
Aquí
se han señalado los fundamentos básicos de la “cuestión policial” que, tomando
la forma de una protesta salarial, “hace honor” a la relación de fuerzas
resultante de estos años de crecimiento. Años donde la clase obrera recuperó su
poder social. Allí también se da cuenta de los límites de los presupuestos provinciales
para contener a los perros guardianes del orden burgués, en el marco del
bonapartismo de caja del que hizo uso el kirchnerismo como “modelo de gestión”.
Lecturas. Las acusaciones del gobierno nacional
sobre Massa y la oposición deben tener su grano de verdad (más de uno
posiblemente) pero no soslayan el hecho de que existe un aparato mafioso que se
ha constituido en un poder dentro del poder, utilizando para tal fin su carácter
de fuerza
especial separada de la población. Que esa fuerza tenga imbricaciones con
sectores del poder político no niega su función de corporación que actúa en la
escena (política) en función de demandas que le son propias. La lectura conspirativa (destituyente) recrea la tradición
propia del kirchnerismo que no puede acusar recibo de los problemas fiscales de
las provincias a las que mantuvo “ahogadas” en estos años. El reclamo de
coparticipación (la agenda “federal”) expresó estos límites a lo largo de todo
este tiempo.
Sin oponerse pero complementando, la lectura que centra su atención en el “vandalismo”
(TN)
empuja la opinión pública a la derecha, hacia la necesidad de una represión más
cruda. Los comerciantes desfilan por la pantalla “explicando” que los policías
no pueden cobrar “tan poco”.
Una y otra lectura tienen un objetivo común: negar la profundidad de la
brecha social que existe en la Argentina. Es evidente que en los saqueos actúan
bandas organizadas, todas ellas amparadas por las fuerzas policiales. Pero este
discurso niega la profundidad de la crisis social, la exclusión de sectores de
las masas del “festín K”, máxime si se analizan las provincias del norte
argentino que están entre las más pobres y dependen, en un porcentaje alto, de
la coparticipación federal.
Golpes. El gobierno nacional salió duramente golpeado
de las elecciones de octubre. Sobre esa base se edificó su giro hacia
posiciones de “diálogo” al decir de franjas de la oposición patronal, que
sonrieron al ver a “Coqui” sentado a la derecha de CFK. A lo largo de varias
semanas la realidad mostró la imagen de un espejo invertido: el gobierno, derrotado
en octubre, estaba a la ofensiva, imponiendo límites a los reclamos obreros,
negociando con los gobernadores, estableciendo una agenda de gestión.
Pero los espejos se rompen. La figura de Capitanich (el “Bonaparte” suplente)
está sufriendo su primera -y muy dura crisis- con la extensión de las
rebeliones policiales. Si la crisis general (que no pudieron prever ni evitar
que se extendiera) resulta un golpe fuerte, los muertos
en el Chaco, son un lastre difícil de remontar. A pocas semanas de haber tomado
el timón del gobierno, ya “Coqui” sufre las desventuras del fin de ciclo que
parece avanzar horadando la tierra bajo los pies de la política burguesa.
El gobierno nacional, por estas horas, define
que las negociaciones con los aparatos policiales deben encuadrarse en los recursos
con los que cuenta cada provincia. La “estrategia” del gobierno podría consistir en la refinanciación de las
deudas provinciales hacia el 2014, como acaba de anunciar
luego de la reunión con De la Sota. Pero eso está lejos de aplacar
inmediatamente las demandas policiales y patea la crisis fiscal hacia el 2014. Con
ese plan o sin el mismo, el gobierno nacional demuestra completa prescindencia
de la crisis en curso.
30 años. No deja de resultar paradójico que la conmemoración
de los 30 años de la asunción de Alfonsín se recuerde en el medio de motines policiales
en varias provincias, decenas de saqueos y varios muertos. Escenario que
configura la perspectiva de un diciembre
caliente. Aunque no hay continuidad directa entre aquel que derribó a De la
Rúa y la actualidad, en la memoria colectiva el 2001 sigue siendo un factor
actuante.
La “astucia de la historia” (o su cinismo) hacen coincidir los festejos por
30 años de elecciones ininterrumpidas con las expresiones más brutales de la
continuidad de un aparato mafioso y de la miseria de amplias capas sociales. El
legado de la “década ganada” no logró revertir tamaña herencia.
Sindicato. La crisis abierta por los motines
policiales disparó nuevamente el debate por la
sindicalización de la policía. El gobierno nacional se opone radicalmente,
mientras sectores de la burocracia sindical lo propician. Para la clase
dominante el peligro es institucionalizar las medidas de fuerza y permitir que
la policía pueda paralizar sus tareas cuando lo desee. Aunque algunas fracciones
lo ven como política para dialogar responsablemente. Para la burocracia sindical
podría tratarse de un nuevo sindicato con verdadero “poder de fuego”. De
conjunto, con esta idea se intenta “normalizar” la institución e impedir este
tipo de crisis.
Considerarlo un avance, como lo hace cierta izquierda,
implica un sindicalismo liso y llano. Como se señala acá
las concesiones que otorgan los gobiernos provinciales en aras de hacer
retornar a los represores a sus tareas, deben ser vistas como lo que
verdaderamente son, una consolidación de la impunidad policial y un
mejoramiento de su poder de fuego. Que esto dispare movilización de sectores de
la clase trabajadora, como está ocurriendo en Córdoba, es otro cantar.
Córdoba. Fue la avanzada de esta crisis, haciendo honor
a cierta “tradición” de adelantar, muchas veces, los fenómenos políticos
nacionales. Posiblemente por eso, una lectura de los días posteriores en
Córdoba, colabore a pensar la dinámica en otras provincias. Señalemos tres elementos
principales.
1) El temor del empresariado y su
(duro) reclamo de que los saqueos no vuelvan a repetirse. La propiedad
privada (en versión de grandes superficies o en pequeños negocios) fue el
centro de los ataques. Pero precisamente, la defensa de la misma, es la tarea suprema
del aparato represivo. Propiedad (privada) y orden son sinónimos en este
lenguaje. De ahí que el des-control de la fuerza policial asuste y ponga en
guardia a la clase capitalista.
2) La emergencia de la lucha de los trabajadores estatales, que ya suma un
paro de 48hs e inicia uno de 72hs, con movilización este miércoles y el
viernes. La misma burocracia del SEP (del delasotista Pihen) que no mueve un
dedo por defender los intereses de los trabajadores y persigue a los sectores
de oposición, hace alarde una combatividad extrema en las palabras y, en parte,
en los hechos. Esto muestra el enorme descontento que existe entre los
trabajadores que impulsaron la toma de varios hospitales. El temor a que esto
se contagie a los docentes fue lo que motivó el adelanto del fin del ciclo
escolar en una semana.
3) La crisis política del gobierno que no para de acentuarse. De la
Sota volverá de la Casa Rosada con un
pequeño triunfo bajo el brazo. Pequeño en relación al objetivo que se había
propuesto hace unas semanas, cuando dijo iba por la “deuda de la Caja de
Jubilaciones”. Pero la crisis política se evidencia por todos los poros. No
sólo ha tenido que hocicar frente a
Capitanich (“un amigo de muchos años”) sino también avanzar en cambiar parte
importante de su gabinete,
dejando de lado a una de sus principales espadas (González), desplazando a los
funcionarios y policía que, hace menos de 90 días, entraron en funciones por el
narco-escándalo, y dándole poder a los intendentes peronistas. Así, el motín
policial vino a dar un golpe más a la gobernabilidad.
Estrategia. La
idea de que “cuanto peor mejor” es una idea propia del populismo (que alguna
izquierda suele adoptar). Las rebeliones policiales y los saqueos no permiten
avanzar en la construcción de la alianza obrera y popular, como ya señalamos aquí.
Por el contrario, es la acción consciente de la vanguardia obrera y la
izquierda obrera y socialista, la que puede permitir dar pasos claros en ese
camino. La política revolucionaria, exige claridad. La ambigüedad
no clarifica posiciones de clase.
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