Motín policial, saqueos y dos problemas estratégicos

Eduardo Castilla

Córdoba acaba de vivir, hace pocas horas,  una de las crisis sociales y políticas más grandes que se recuerden en su historia. Las cámaras de televisión mostraban a gente de cincuenta años afirmando que no recordaban otra situación similar, salvo el Cordobazo. Uno y otro hecho social tienen profundas diferencias, tanto en sus raíces como en su desarrollo y en su influencia sobre la dinámica política posterior.

Pero es evidente que, para miles de personas, sus consecuencias, el modo en que fue vivido y experimentado, fue similar. Para miles, el “caos” se apoderó de la ciudad. Esta enorme crisis social se cobró dos muertos (uno por disparo de arma de fuego) y cerca de 200 heridos, además de la destrucción y el saqueo de cerca de mil comercios.

En esta crisis entraron en escena grandes problemas estructurales de la sociedad cordobesa: los saqueos y robos mostraron la cara de una Córdoba profunda, marginada de la “Córdoba que no para”. El accionar de la fuerza policial -y el triunfode su reclamo corporativo- mostraron su rol como pata fundamental del control social. Quedó al desnudo un entramado social marcado por profundos antagonismos. A raíz de ello, esta crisis plantea, desde nuestro punto de vista, dos problemas estratégicos a reflexionar. Problemas estrechamente ligados a las tareas necesarias para enfrentar y derrotar el poder de los capitalistas y el régimen del bipartidismo peronista-radical. 

“Nosotros, los negros”

"Estamos catalogados los negros de la ciudades" dijo la madre del joven que acompañaba a Javier Rodríguez -20 años-, asesinado por una bala que podría provenir de la policía. Las “ciudades” son un eufemismo. Allí no hay gas natural, el agua y la energía eléctrica carecen de calidad y el transporte llega en cuentagotas. A esas “ciudades”, fueron confinadas decenas de miles de personas. En esos guetos crece el odio social. ¿Cómo asombrase de que se expresara de alguna forma cuando aflojaran los mecanismos de coerción estatal?

Ya empiezan a circular las denuncias que muestran la actuación bandas armadas que operaron en connivencia con la policía acuartelada, una suerte de mecanismo de presión in extremis sobre el gobierno provincial. Pero limitar los saqueos a pura operación de un aparato corporativo implica un reduccionismo de las complejas circunstancias que dieron marco a esta situación, como afirma FR.

Se expresaron una enorme fractura social y una importante frustración de la juventud de los barrios pobres que ha sido convertida en paria. Precisamente por eso, la medida de fuerza policial implicó una ciudad liberada para quienes no pueden transitarla libremente. Para la juventud de los barrios pobres fue el momento de poder circular sin ser “retenidos” (literalmente, detenidos en los retenes policiales). Fue una suerte de “revancha” contra una ciudad donde los rasgos racistas acusan un marcado peso, a partir de una división territorial que también es social (ver acá). 

Los límites de los saqueos como método

Si los saqueos evidenciaron una profunda fractura social, al mismo tiempo, tendieron a profundizarla en el terreno estrictamente subjetivo. De la noche a la mañana la juventud de los barrios pobres se convirtió en un sujeto peligroso para los comerciantes de diversos puntos de la ciudad. Una importante franja de la clase obrera no fue ajena a esa percepción. Para miles se instaló la idea de la necesidad de que la policía, la misma del narco-escándalo, retomara sus tareas y garantizara “el orden”.

En eso radica una de las (enormes) limitaciones de los saqueos como método de protesta. Lejos de permitir identificar al enemigo común de pequeños comerciantes, jóvenes empobrecidos y la clase trabajadora, el saqueo los enfrenta entre sí, contribuyendo a ensanchar la brecha social objetiva que ya existe. Si bien tuvo primacía la bronca de los pequeños comerciantes (muy afectados), parte de ese sentimiento se contagió a franjas de la clase trabajadora, que terminaron haciendo propio el sentido común ligado a expresiones como “no quieren trabajar” o “no hay un problema de hambre”. Esa lógica resquebraja las tendencias a la unidad obrera y popular.

Precisamente éste es un problema de índole estratégica si se quiere pensar desde la perspectiva de unir al conjunto de las masas pobres para enfrentar el poder de las grandes multinacionales, las patronales sojeras y los grandes empresarios en su conjunto. Poder que está protegido por la narco-policía. Esta división entre sectores de trabajadores y la juventud más empobrecida, no puede ser pensada como un hecho “natural”. Por el contrario, es producto de la acción conjunta de diversas fuerzas sociales, entre las que entra en juego la burocracia que hoy está al frente de los sindicatos. 

Burocracia y hegemonía obrera

Mostrando un brutal desprecio por los jóvenes de los barrios pobres  que sufren el hostigamiento constante de la policía, Omar Dragún, dirigente del SMATA y ex ministro de De la Sota, expresó que “los saqueadores fueron los que estuvieron en la marcha de la Gorra”.

Esa juventud, a los que los dirigentes burocráticos desprecian, es la que vive en los barrios-guetos, en decenas de barrios periféricos y no tanto como San Vicente, Güemes, Alberdi o Bella Vista entre otros; es la que trabaja haciendo changas o en las obras de construcción, entregando muchas veces su vida en condiciones deplorables, por los acuerdos que existen entre burocracia y patronales; es la que entra y sale de las autopartistas por los contratos por consultora que tienen duraciones indefinidas o contratos de tres meses, un mes y hasta una semana.
Esa juventud, a la que Dragún criminaliza y desprecia, es parte integrante de la clase trabajadora y de las masas pobres de conjunto, a la vez “víctima” de la Córdoba dualizada donde los grandes empresarios amasan millones a costa de la superexplotación y de los ingentes subsidios que reciben del estado.

Las afirmaciones de Dragún son nefastas porque contribuyen a la demonización de la juventud pobre, ubicándola en el terreno de los enemigos de los trabajadores. Al mismo tiempo, como “dirección oficial” de la clase obrera, se ubicó en el bando de los que piden “orden” y el retorno de la policía, junto a la Iglesia, las cámaras empresarias y el gobierno. De este modo, se socavan las tendencias a la unidad de las clases explotadas y oprimidas.

Este constituye el nudo central del primer problema estratégico que señalamos. La unidad de la clase trabajadora con la juventud pobre no puede conquistarse mientras las organizaciones obreras estén dirigidas por una casta de burócratas millonarios. Sólo conquistando los sindicatos o construyendo fracciones revolucionarias al interior de los mismos, es posible forjar las tendencias a unir a la clase trabajadora con los jóvenes pobres. Es preciso que los sectores que están organizados sindicalmente tomen en sus manos un conjunto de demandas que ataquen, desde la raíz, las bases que hacen brutal la desigualdad, como el trabajo precario y en negro, la pobreza, la ausencia de una vivienda digna o de acceso pleno a la educación. Sólo planteando una solución a los padecimientos más brutales de esas capas pobres, éstas pueden convertirse en un aliado social para la lucha de clases. Esto hace al problema estratégico de la hegemonía obrera.

Al mismo tiempo, entre la juventud empobrecida que choca día a día con la policía, es fundamental construir una fracción que se proponga ganar efectivamente a la clase trabajadora para su propia causa. Si no, la tarea de derrotar a las fuerzas represivas se convierte en puro utopismo. Este es el segundo problema estratégico que queremos reflexionar. 

La derrota de las fuerzas represivas y el problema de la “seguridad”

De la Sota, mientras anunciaba el acuerdo con los policías amotinados, llamó a perseguir a “vándalos y delincuentes”. El desprecio de clase emergió desde sus palabras y se convirtió en una política de estado que, a esta hora, tiene cerca de 100 detenidos. Esta completa demonización de la juventud pobre empujará a la policía a fortalecer el brutal trato que ya ejercía contra la misma.

Es iluso esperar otra cosa del estado y de sus gobernantes. El estado es una banda de hombres armados al servicio del capital repite Lenin hasta el cansancio. Decenas de páginas de El Estado y la revolución lo ilustran. La realidad lo ilustra a diario con casos de gatillo fácil y asesinatos de jóvenes pobres. En ese marco, no deja de sorprender (ingratamente) que cierta izquierda siga repitiendo que los policías son trabajadores (ver acá).

La crisis abierta con los saqueos puso en el centro de la discusión como garantizar la seguridad de los bienes de trabajadores y pequeños comerciantes. Como hemos señalado aquí, solo una institución que parta de las mismas organizaciones obreras y se levante sobre la ruina de las actuales fuerzas represivas, puede cuidar los bienes y las vidas de los trabajadores y el pueblo pobre.

Pero tales instituciones sólo pueden surgir en el camino de la movilización revolucionaria de la clase obrera y ligadas estrechamente a sus organizaciones y/o lugares de trabajo. La historia de la lucha de clases internacional muestra que las milicias obreras fueron la forma que tomaron estas organizaciones que, en el caso de Francia en 1936, Trotsky planteaba que, de desarrollarse, podían tomar en sus manos las “funciones de la policía”.

Pero esa perspectiva estratégica vuelve a estar ligada a la constitución de la clase trabajadora como sujeto revolucionario y como clase hegemónica del pueblo pobre. Tarea irrealizable sin poner de pie verdaderas organizaciones militantes del movimiento obrero.

De conjunto, la crisis abierta en Córdoba pone en evidencia la necesidad de plantear las perspectivas estratégicas que permitan unir a la clase trabajadoras, las juventud pobre y sectores de las clases medias arruinadas por los grandes empresarios, en el camino de forjar una alianza social, bajo hegemonía proletaria, que permita enfrentar y derrotar el poder capitalista, tanto a su brazo armado (la narco policía) como al conjunto del poder económico de las grandes patronales.