lunes, 28 de octubre de 2013

Hoy empezamos a hacer historia


Mi amigo Nicolás del Caño se convirtió hoy en Diputado Nacional. Es un gran orgullo. No tenemos ese orgullo tonto de los aparatos que hacen de la conquista de una banca un fin en sí mismo. 
Esta noche, luchando, se conquistó un puesto de lucha. Un puesto de lucha como que el Nico tuvo todos estos años, desde "el llano". Precisamente por eso tengo un enorme orgullo. No hay un gramo de arribismo en todo esto. Las batallas que libramos juntos hace más de 17 años son el verdadero motivo de orgullo.
Hoy dimos una pequeña gran batalla contra el aparato del PJ mendocino. Y ganamos. Ganamos a base de un gran esfuerzo. de perseverancia, de tesón. Ganamos con el esfuerzo de muchos y muchas que hicimos miles de kilómetros para estar en el "campo de batalla".
Ese enorme orgullo es cemento de nuevas batallas por venir. 

EC



domingo, 20 de octubre de 2013

A tres años del asesinato de Mariano Ferreyra






Eduardo Castilla
Hoy se cumplen tres años del asesinato del compañero Mariano Ferreyra. Si bien Pedraza fue condenado a 15 años de cárcel (de la que posiblemente saldrá antes) la impunidad que estuvo atrás del asesinato de Mariano persiste. Aníbal Fernández, responsable de la policía en el momento del asesinato, no ha sido tocado. Carlos Tomada, ministro de trabajo y amigo telefónico de Pedraza quedó fuera del juicio, a pesar del cruce telefónico que lo mostró como “chancho amigo” del burócrata. Los directivos de la UGOFE en su mayoría descansan libres.
Esta impunidad es el resultado del brutal negociado en el que intervienen patronales, el estado y la burocracia sindical. Como se reseña en el último número de Ideas de Izquierda, el brutal entramado es la resultante del parasitismo que se construyó alrededor de un sistema donde las condiciones fundamentales de atraso y destrucción de la infraestructura básica, no se modificaron. Alrededor de un atraso, que se mide en vidas de los usuarios o en brutales accidentes como el que ocurrió ayer (nuevamente) en Once.  
El asesinato de Mariano fue un crimen para avalar la brutalidad de la precarización laboral que siguió rigiendo en la “década ganada” pero además fue un asesinato contra una juventud militante que desafiaba la idea de que la juventud volvió a la política de la mano el kirchnerismo. Lejos de eso, hubo y hay una enorme y extendida militancia juvenil por fuera del kirchnerismo que, cada día más, tiende a extenderse. Por fuera implica por fuera de los aparatos rentados como La Cámpora, por fuera de la obsecuencia que construyeron esos aparatos. Implica una militancia activa junto a los sectores combativos de la clase trabajadora contra esa podrida burocracia sobre la que se apoya hoy el kirchnerismo.
Mariano fue asesinado por estar activamente junto a la lucha de los trabajadores tercerizados del ferrocarril. En estos años, desde el PTS como muchos militantes de la izquierda trotskista supimos estar en cada una de esas pequeñas grandes luchas junto a los trabajadores, enfrentando despidos, suspensiones, ataques de la patronal y las burocracias y sus patotas. Esas peleas en el terreno de lo sindical fueron, al mismo tiempo duras peleas políticas contra gobiernos, ministerios y estamentos de la justicia que fallaron (y fallan) a favor de las grandes patronales.
Hoy el FIT emerge como la expresión política del creciente descontento y desengaño entre franjas de trabajadores y la juventud en relación al kirchnerismo. Los límites del discurso “nacional y popular” se ponen de manifiesto a cada paso. Culpar al motorman del choque ayer en Once es evitar cualquier discusión de fondo sobre las verdaderas condiciones en las que viaja el pueblo trabajador en la Argentina.
El domingo que viene posiblemente el FIT conquiste diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en muchas ciudades. Ese día habremos conquistado nuevos puestos de lucha. Nuevos puestos para aportar a desarrollar la movilización y la organización de la clase trabajadora, la juventud y el pueblo pobre. Para desarrollar y extender la lucha que Mariano y miles de jóvenes daban contra la burocracia sindical. Nuestro mejor homenaje es seguir esa batalla para, desde cada puesto conquistado, aportar a barrer a esa podrida casta de los Pedraza, Martínez, Dragún y demás, en el camino de pelear por barrer este podrido sistema.  

lunes, 7 de octubre de 2013

La lucha contra Monsanto y el régimen de las multinacionales en Córdoba



Paula Schaller y Nacho Calido
El pasado lunes, luego de meses de lucha y de dos semanas de bloqueo de los activistas de la asamblea Malvinas lucha por la vida a la entrada del predio donde Monsanto viene construyendo la fábrica, la narcopolicía de De La Sota reprimió a los activistas y, a las horas, ya se hacía público un comunicado de la empresa anunciando la paralización momentánea de las obras.
Recordemos que desde que Monsanto anunció sus planes de radicar una planta en Córdoba, bajo los auspicios no sólo de De La Sota-que festejaba los 1.600 millones de dólares que prometió invertir la empresa-, sino de Cristina -que ahora intentó posar de crítica a la instalación para sacar algún voto en Córdoba-, se extendió un amplio repudio de la población cordobesa que sabe muy bien que esta empresa imperialista productora de agro-tóxicos (y que en su haber tiene nada menos el nefasto antecedente de la producción del mortal "agente naranja" utilizado en Vietnam por los yankis) va a ocasionar la destrucción del medioambiente y el envenenamiento de la población. Ahí está el emblemático caso de Barrio Ituzaingó para atestiguar el brutal efecto de los agroquímicos con los que se fumigan los terrenos: cientos de niños con herbicidas en sangre y decenas de casos de niños y adultos con cáncer. 

La lucha contra la instalación de Monsanto es por esto una causa popular, que merece un debate alrededor del programa y los métodos para encararla para ir a fondo contra los pulpos imperialistas, verdaderos mandamases de Córdoba. 


El desafío de luchar con un programa de unidad obrero-popular


Una vez anunciada la paralización de las obras por parte de la empresa, que extorsiona con el despido de los trabajadores de continuar el bloqueo a la planta, los asambleístas de Malvinas emitieron un comunicado hacia los trabajadores de la construcción planteando que "hacemos nuestro el reclamo por su derecho a trabajar, y porque nadie sea suspendido ni despedido. La solución a este problema (...) está en el gobierno que nos ha empujado a enfrentarnos pobres contra pobres. De La Sota, Monsanto y las empresas para las que ustedes trabajan son los responsables de sus puestos de trabajo: ellos son quienes se deben hacer cargo de ustedes hasta que se solucione este problema o que sus patrones los reubiquen en otras obras (...)"

Comienza a perfilarse un importante cambio de rumbo hacia la búsqueda de estrechar la unidad con los trabajadores, cuestión clave tanto para evitar que la empresa explote a su favor la necesidad de trabajo de los obreros como para forjar una alianza social capaz de vencer. La necesidad de tomar este rumbo estuvo planteada desde el comienzo mismo de la lucha. En aquellos momentos, el masivo repudio que generó la noticia de la instalación de Monsanto se expresó en movilizaciones multitudinarias, como las de septiembre de 2012 que llegaron a reunir cerca de 10 mil personas, con las propias Madres de Barrio Ituzaingó y los vecinos de Malvinas Argentinas a la cabeza, mostrando una amplia opinión pública que abrazaba esta causa; mientras que en el propio barrio surgían asambleas que en muchos casos llegaron a nuclear a 300 vecinos de la zona. Estos eran puntos de apoyo muy favorables para el desarrollo de la lucha contra la instalación, que para acumular capacidad social de jaquear a esta empresa imperialista tenía planteado unificar el objetivo de erradicar Monsanto con las necesidades del pueblo trabajador de Malvinas y el interés de los trabajadores de la construcción de sostener sus fuentes de trabajo, es decir, un programa que forjara la unidad obrero-popular alrededor de la pelea por intereses comunes. 

Esto fue lo que plantearon nuestros jóvenes compañeros del barrio Arenales (lindante con Malvinas) desde el mismo momento que se puso en pie la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, proponiendo ligar la lucha contra Monsanto a la exigencia al gobierno provincial de un plan de obras públicas, administrado por los propios trabajadores y vecinos, que en lugar de estar al servicio de la especulación inmobiliaria sea acorde a las verdaderas necesidades del pueblo trabajador en materia habitacional, de escuelas, de hospitales, de urbanización, etc. y que permita a la vez satisfacer la necesidad de trabajo de los obreros de la construcción. De haberse enfocado de entrada los objetivos en consolidar este programa, hoy muy probablemente estaríamos en mejores condiciones para encarar esta nueva etapa de la lucha. 

Por eso, hacia adelante está planteado profundizar el rumbo de alianza con los trabajadores que perfila el último comunicado de la asamblea, incorporando al "Fuera Monsanto" la lucha por conquistar trabajo genuino para los obreros de la construcción, que no sólo sufren múltiples formas de precarización del trabajo sino que cotidianamente dejan su vida en las obras, siendo las muertes obreras uno de los grandes crímenes sociales en la "Córdoba del progreso" delasotista.

A la vez este programa puede dar resolución a las necesidades del pueblo trabajador de Malvinas, localidad muy empobrecida que, por ejemplo, no cuenta prácticamente con gas natural, ni calles pavimentadas en las tres secciones, e incluso muchas áreas no tienen luz eléctrica. Precisamente porque en una localidad donde hay mucha desocupación y prima el trabajo precario la instalación de Monsanto implica para muchos vecinos la posibilidad de una perspectiva laboral, hay que levantar demandas que tomen el conjunto de sus necesidades para evitar que la empresa utilice esta necesidad laboral a favor de sus intereses. Ahí están las fuerzas para enfrentar a Monsanto: consolidar un activo bloque obrero-popular en las calles que levante un programa de fondo. Cualquier política, como la "consulta popular" que plantean algunos sectores de los asambleístas, debe estar encarada desde la perspectiva de consolidar este bloque, a riesgo de terminar depositando la confianza en distintas vías de presión sobre el gobierno. 


Una política para torcerle la mano a las multinacionales 


Cualquier sector que libre una lucha contra una multinacional en Córdoba se va a tener que enfrentar a la "Santa Alianza" entre las empresas, la burocracia sindical y el gobierno. Precisamente porque en Córdoba mandan las grandes multinacionales, particularmente las automotrices y de los agronegocios, y las burocracias sindicales, de gran peso político, están directamente integradas al régimen, (lo que expresa, también, el enorme peso social objetivo del movimiento obrero en la provincia); es necesario prepararse para enfrentar esta "Santa Alianza" reaccionaria porque son los factores reales que condicionan la lucha de clases en la provincia.

El accionar de la UOCRA, que con la excusa de defender los puestos de trabajo organizó una patota para agredir a los asambleístas (y que hoy por hoy, también con el argumento de la defensa del trabajo, es parte de la presión pública que está haciendo la empresa para forzar al gobierno a una línea más dura contra el bloqueo), no es diferente del accionar de la burocracia de SMATA que, en defensa de la patronal, persigue férreamente a los opositores en el sindicato, como sucede hoy con los 19 obreros de VolksWagen que fueron despedidos por ser simpatizantes y activistas de la lista 2 opositora a Dragún y antes con los delegados que sufrieron el escandaloso fraude de noviembre del año pasado; o de la burocracia de Camioneros que durante años le negó delegados a los trabajadores de Cargo Renault y que, recientemente, en complicidad con la patronal, avaló el despedido de César “Aguja” Quiñones, activista antiburocrático, para evitar que fuera elegido delegado por sus compañeros. Es que las multinacionales en Córdoba tienen completa impunidad, y, además del gobierno a su favor, cuentan con las burocracias como sus propias "policías internas" en el movimiento obrero. 

A tal punto obran a su antojo que ni siquiera respetan las propia legalidad emanada de los mismos juzgados que precisamente tienen como función general consagrar un ordenamiento jurídico acorde a sus intereses sociales, como en el caso de VolksWagen que se niega a cumplir  las medidas cautelares que ordenan la reincorporación de 4 de los trabajadores despedidos, mostrando así que no tolera ni el más mínimo intento de límite a sus imposiciones. Lo propio sucede en el caso de Monsanto, que burla hasta la más elemental legalidad al no cumplir con los estudios de impacto ambiental necesarios para mostrar que su producción no resultaría contaminante. 

Pero la contracara de este régimen de las multinacionales es la "Córdoba obrera", que concentra más de 18 mil obreros en el sector automotriz (a lo que hay que sumarle una cantidad más o menos similar de trabajadores dedicados a distintas actividades de la industria metalúrgica), 35 mil trabajadores en la industria alimentaria, 7 mil trabajadores de los servicios de luz y gas, sólo por nombrar los sectores más estratégicos de la estructura económica provincial. Ahí se acumula la enorme fuerza social para jaquear al régimen de las multinacionales como FIAT, Volkswagen, Monsanto, ARCOR, etc. 

Si esa fuerza social no se pone en movimiento para enfrentar a las grandes patronales y sus intereses, eso es el resultado de la propia acción de la burocracia que hemos señalado antes y de las derrotas a las que, en estos años, llevó esta política, como el despido de más de mil metalmecánicos en el 2008-2009 donde sólo los trabajadores de Iveco, acompañados por nuestro compañero Hernán Puddu, ofrecieron resistencia.

Por eso, estaríamos en mejores condiciones de ganar cada pulseada si consolidamos un bloque de todos los sectores que vienen enfrentándose a esas patronales y sus burocracias cómplices, un bloque que reúna desde los asambleístas contra Monsanto a los obreros de VolksWagen y de Cargo Renault. ¿Porqué pelear por separado si se trata nada menos que de enfrentar a los grandes poderes de esta provincia? Si los trabajadores de VolKsWagen logran torcerle la mano a esta multinacional alemana y conquistan la reincorporación, estaremos en mejores condiciones de librar cada pelea contra las patronales, incluida la lucha por lograr que retroceda Monsanto, porque esto permitiría consolidar una oposición antiburocrática al SMATA de Dragún, que, extendida sobre distintas fábricas, tenga la capacidad de influenciar sobre otros sectores del movimiento obrero.

¿Cómo sería por ejemplo si una corriente antiburocrática en el sector metalmecánico llamara a los obreros de la construcción a organizarse de manera independiente de la conducción de la UOCRA y a tomar en sus manos la lucha por "Fuera Monsanto", ligado a la pelea por trabajo genuino y no precario? 

Esta perspectiva, que desde el PTS venimos tratando de construir pacientemente, implica batallas actuales para evitar que las patronales logren hacer retroceder a los sectores combativos del movimiento obrero. Cada batalla tiene el contenido estratégico de organizar el ejército para combatir esta Córdoba patronal. Consolidar un gran frente único de todos los sectores en lucha contra estas multinacionales es un gran desafío de la hora.

martes, 1 de octubre de 2013

"Inseguridad", fuerzas represivas y estrategia revolucionaria. Un debate al interior de la izquierda




Paula Schaller y Eduardo Castilla
El estratégico debate sobre el programa de los revolucionarios hacia las fuerzas de seguridad volvió a reavivarse en los últimos tiempos al calor de la situación política, donde massistas y kirchneristas compiten, en la provincia de Buenos Aires, por ver quién representa mejor a ojos de las clases  medias la agenda derechista de la mano dura y el “combate contra la inseguridad” (baja de edad de la imputabilidad incluida). En Córdoba, el escándalo de la “narco-policía” se convirtió en otro disparador de estas discusiones.
La campaña por la "inseguridad" no es sólo parte de la "agenda política" sino un problema estratégico de primer orden, ya que intentan fortalecer el poder de fuego del aparato represivo como disciplinador social para usarlo ante un escenario de mayor lucha de clases. Si hoy es preventivo, mañana para la burguesía será directamente cuestión de volcar de lleno el aparato represivo ante las luchas obreras y los "desbordes sociales". Por eso es preciso no sólo denunciar enérgicamente esta "preparación" sino levantar un programa revolucionario ante la cuestión del aparato represivo, uno de los pilares centrales en los que descansa el Estado burgués, que al decir de Engels es justamente "un grupo de hombres armados al servicio del capital"

La "inseguridad", el aparato represivo y el Estado

Para mantener un punto de vista de clase, en primer lugar hay que disputar el sentido de aquello que la burguesía llama "inseguridad" y se erige en el fundamento de su política de fortalecimiento del aparato represivo. Dado que la cuestión "delictiva" es una cuestión social, que afecta no sólo a sectores medios-altos sino también a la propia clase trabajadora (que muchas veces es cooptada por la ideología burguesa sobre la mano dura, al sufrir en carne propia sus efectos), merece una explicación social, anclada en las contradicciones del sistema social y los intereses de clase.  
Marx y Engels escribieron tangencialmente sobre esta cuestión tratando al delito no como un producto de la libre voluntad sino una manifestación aislada del individuo en pugna con las condiciones de opresión y explotación que lo rodean. Así lo plantea Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra: “Cuando las causas que desmoralizan al obrero ejercen una acción más intensa, más concentrada que la normal, el obrero se convierte en el delincuente, con la misma seguridad con que el agua, a los 100 grados C, bajo presión normal, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y el trato brutal y brutalizador que recibe de la burguesía hace de él un objeto tan pasivo como el agua, sometido a las leyes naturales con la misma imperiosa necesidad que ésta: al llegar a cierto punto, deja de actuar en él toda libertad”. 
Como se plantea aquí sobre esta cuestión, la delincuencia es de alguna manera la expresión de la "falsa consciencia individualista", una expresión por la negativa, que emerge ante la ausencia de forjar una salida colectiva contra las condiciones de existencia a las que se ve empujada la clase obrera, particularmente sus estratos más empobrecidos. 
Esta cuestión, bastante elemental, nos sitúa en el primer ladrillo del edificio para un programa ante la cuestión de las fuerzas represivas: la delincuencia, en tanto fenómeno social, sólo puede ser erradicada bajo una nueva forma de organización de la sociedad, donde una clase minoritaria no viva del robo del trabajo ajeno, sino que el conjunto de la riqueza producida esté puesta al servicio de satisfacer las verdaderas necesidades sociales.
Mientras tanto, con el argumento de "combatir" el delito que su propio régimen social consagra y extiende, la burguesía legitima ideológicamente la existencia, actuación y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.

La izquierda y la cuestión de las fuerzas represivas

La burguesía convierte su necesidad de fortalecer el aparato del estado en campaña política permanente. Frente a ello, la izquierda debería levantar un programa que tendiera a denunciar y contrarrestar esa tendencia. Si bien existe una visión común alrededor de que la solución al problema de la llamada “inseguridad” reside en cuestiones sociales de fondo, las diferencias (no menores) emergen a la hora de plantear una política hacia el aparato represivo del estado.
Sobre la cuestión de las fuerzas represivas y la política de la izquierda hemos escrito con anterioridad, señalando la contradicción política y estratégica que implica, para la izquierda que se reivindica revolucionaria, sostener una política de tipo reformista hacia las fuerzas represivas, en nombre de ganar a los “sectores subalternos” de las mismas. Esto, como ya señalamos, no cuestiona estratégicamente su carácter de órgano represivo al servicio del capital.
Un planteo clásico dentro de la izquierda es la llamada “sindicalización de la policía”. Esto lo ha planteado recientemente el candidato del PO en Salta, afirmando que “no puede haber un sindicato de todos los policías, sino de los subalternos, de aquellos que no tienen condiciones de mando (…) No puede ser parte de la misma organización sindical el Comisario y la tropa (…) la sindicalización “contribuiría a un ambiente de deliberación porque hay órdenes que los policías no deberían cumplirlas nunca”.
Este planteo parte de una analogía formal con las formas organizativas del movimiento de masas (por ejemplo los sindicatos) dejando de lado las especificidades de las fuerzas represivas en tanto institución burguesa. La diferenciación entre cúpulas policiales y sectores subalternos deja de lado el aspecto esencial de la posesión del monopolio de la fuerza pública. La función crea (y recrea) un órgano que adquiere intereses propios. Se conforma una fuerza con sus propias normas (legales e ilegales) y su propia lógica. Se trata de un aparato de decenas y cientos de miles de personas con sus propios intereses y que cuenta además, para respaldarlos, con la posesión de las armas y con el conjunto de la legalidad burguesa.
Ese carácter recorre a toda la institución, no sólo a sus cúpulas. De ahí que la definición de Lenin (tomando a Engels) ponga el acento en que se trata de “destacamentos especiales” que no “coinciden con la población espontáneamente armada” dada la existencia de antagonismos irreconciliables entre las clases. La fisonomía de “destacamentos especiales” ubica a la policía y al conjunto de las fuerzas represivas como un cuerpo extraño y opuesto a las masas en su conjunto, aunque se reclute socialmente en el seno de las mismas.
Los casos de gatillo fácil o las torturas son un ejemplo palpable. No son las cúpulas policiales las que ordenan asesinar jóvenes ni someterlos a todo tipo de vejaciones. No hay una “normativa” que lo indique, pero es una práctica extendida, donde los integrantes de la fuerza, en todos sus niveles, actúan brutalmente contra la juventud, el pueblo trabajador y las mujeres. Que la tortura esté institucionalizada al interior de las comisarías es otra expresión de estas prácticas brutales.
La participación y complicidad en robos, negociados en desarmaderos, trato con proxenetas y narcos (e incluso contrabando abierto como quedó al descubierto en Córdoba) pueden estar dirigidas “desde arriba” o ser la expresión de los intereses particulares de determinado sector o de policías sueltos. La pléyade de casos en los que aparecen “uniformados” imputados confirma que, como reza el cántico, “no es un policía, es toda la institución”.
La sindicalización propuesta por PO (y otras corrientes de izquierda) parte de un precepto falso acerca de la diferenciación entre cúpula y subalternos. Muy por el contrario, las distintas policías provinciales (y las fuerzas federales como Gendarmería o Prefectura) constituyen aparatos conformados y estructurados que desarrollan sus propios intereses.  
El fracaso de las reformas policiales de las últimas décadas lo pone de manifiesto. Cada purga demostró ser un fracaso muy rápidamente, cuando los negociados volvieron a emerger. Los políticos “progresistas” de la clase dominante tuvieron que pactar con este aparato porque el mismo es necesario para la defensa de los intereses de la clase capitalista en su conjunto.
Que la burguesía se oponga a la sindicalización no la convierte, en sí, en una medida revolucionaria. Si bien la autonomía de los subalternos podría alentar “rupturas” en la cadena de mando, y permitir cierta “anarquía” al interior de la fuerza, eso puede tener múltiples contenidos sociales y políticos. Contra esa lógica, hace casi un año, cuando gran parte de la izquierda festejaba la rebelión de gendarmes y prefectos, escribimos que “la “ruptura de la cadena de mando” no es, en sí misma y considerada aisladamente, un fenómeno progresivo, sino que dependiendo del estado general de la relación entre las clases, el nivel de actividad del movimiento obrero, etc., puede dar lugar al fortalecimiento de todo tipo de variantes reaccionarias al interior incluso de las mismas fuerzas de seguridad (…) el primer aspecto de una ruptura progresiva tendría que ser el cuestionamiento de los sublevados a su propia función social, cuestión muy distinta a la que presenciamos hoy”.
Que la burguesía perdiera (parcialmente) el control sobre su propio aparato represivo o parte del mismo, sería un hándicap para la lucha de clases si el movimiento obrero se encontrase en una ofensiva revolucionaria. Si no, puede convertirse en base del fortalecimiento de tendencias corporativas. Hoy, cualquier medida que tendiera a permitir a los subalternos “proteger sus intereses” implicaría para éstos garantizar sus vínculos con el narcotráfico, las redes de trata y los negociados ilegales.

La “democratización” de las fuerzas

PO también ha planteado recientemente la “Elección y revocatoria popular de comisarios”. Pero esta cuestión programática no puede discutirse por fuera de las tendencias de la lucha de clases, a riesgo de caer en una lógica “democratizante”. Trotsky escribía, en mayo de 1922, contra la electividad de los jefes militares del Ejército Rojo y afirmaba: “En el viejo ejército se habían formado comités de soldados, y mandos electos, que de hecho estaban subordinados a los comités (…) esta medida no tenía un carácter militar sino político revolucionario (…) el propósito del ejercito no era combatir. Había realizado en su seno la revolución social (…) estas medidas político organizacionales eran justas y necesarias desde el punto de vista de la descomposición del viejo ejército”.
Si la elección democrática de los oficiales cumplía un rol progresivo en la Rusia revolucionaria de 1917, esa “norma” no mantenía su validez después de la toma del poder, cuando se trataba de poner de pie una fuerza centralizada para luchar contra las invasiones imperialistas, no de descomponer el viejo aparato represivo. La elección democrática de los Comisarios en la actual situación política, lejos de favorecer la descomposición de las fuerzas policiales, podría aportar a la recuperación parcial de su imagen, con “nuevos” jefes “idóneos” y más legitimados. 

Una concepción formal del programa de transición

Eduardo Salas, tercer candidato a Diputado del FIT en Córdoba, también dirigente del PO, escribió hace pocos días que “La seguridad debe establecerse sobre los siguientes principios: a) el objetivo central es el cuidado y preservación de la vida y los bienes de la población; b) la prohibición de extender la acción en defensa de la seguridad a la represión, el control o el seguimiento de las acciones de reclamos o protestas de los trabajadores y vecinos; c) el control directo de los vecinos sobre los libros y las dependencias de los organismos responsables de la seguridad ciudadana, así como la elección directa y la revocabilidad de sus responsables”
Se trata de una serie de definiciones muy cuestionables. En primer lugar, afirmar que el objetivo central es el cuidado y preservación de los bienes de “la población” implica abandonar un criterio marxista elemental. La "población" está compuesta de clases sociales que tienen intereses antagónicos. No hay, por tanto, “bienes” que pertenezcan al conjunto. Si aceptáramos ese criterio, los trabajadores que toman una fábrica para defender su fuente de trabajo estarían atacando uno de los “bienes” del capitalista que los despidió. En ese caso, el accionar de la policía para desalojar la fábrica tomada tendría plena validez desde el criterio que establece el PO. Es evidente que esa no es la posición del PO pero, en su intento de establecer una “salida” inmediata al problema de la policía, a los fines de dialogar con los “vecinos”, termina perdiendo la brújula de clase en sus formulaciones políticas y programáticas.  
Ahora bien, dejando de lado este aspecto (nada menor) ¿qué se controlaría? ¿El correcto cumplimiento de las normas que impone la misma legalidad capitalista? Esto nos remite al inicio. Si la delincuencia es un problema social que sólo tiene solución en tanto se trastoquen revolucionariamente las condiciones sociales que le dan origen, el “control” ejercido no puede pasar de una simple constatación del accionar policial.
Si la policía actuara “dentro de las normas” (es decir no torturara a los jóvenes ni los vejara) si no tuviera negociados espurios sino que fueran todos “policías honrados”, seguiría siendo una fuerza especial de represión que tiene por objetivo imponer la opresión de una minoría social sobre las masas explotadas.
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifEl control que propone PO, haciendo una analogía formal con la lógica del Programa de Transición, parte de un intento (impotente) de controlar las consecuencias necesarias de una determinada función social. Estos intentos de ofrecer un programa para el “aquí y ahora” en torno a las fuerzas de seguridad (condicionados evidentemente por la agenda electoral) terminan cayendo en una suerte de “programa mínimo”, que no es otra cosa que un programa reformista. 

Autodefensa y tendencias al armamento obrero

¿Tenemos los revolucionarios un programa de transición para las fuerzas de seguridad? Nuestro programa, lejos de componerse de "propuestas" para un “saneo” de las mismas, no puede más que articularse alrededor del objetivo estratégico de disolverlas en el camino de avanzar en el poder obrero.
¿Cómo se articula esa transición? O, en otros términos, ¿estamos hablando de una transición de qué a qué? Más allá de las formas históricas concretas que adquiera la lucha de clases, nos interesa señalar una mecánica general en torno a esta cuestión: cuando sectores de avanzada de la clase obrera y los sectores populares, en momentos álgidos de la lucha de clases, comienzan a procesar una experiencia con las fuerzas de seguridad a partir de sufrir sus permanentes embates, este primer estadio de ruptura puede manifestarse en el desarrollo de distintos métodos de autodefensa para enfrentar las avanzadas represivas, (que en momentos de aguda lucha de clases, tienden a ser no sólo estatales sino paraestatales, como la Triple A). Esa es la dinámica que plantea el Programa de Transición.
Por ejemplo, en el Cordobazo, el movimiento obrero y la juventud pusieron en pie piquetes y barricadas que asestaron importantes golpes morales a las fuerzas represivas, en primer lugar derrotando a la policía en la ciudad. La autodefensa quiebra el principio del monopolio estatal de la violencia y tiene un gran efecto moral en la lucha de clases, tanto para los oprimidos como para los opresores. 
Así lo señalaba Parvus, a principios del s. XX, cuando planteaba que: “El significado de la barricada debe visualizarse en dos direcciones. En primer lugar era un punto de reunión y un medio organizativo (…) en segundo lugar, era una construcción de defensa: protección del lado del pueblo y obstáculo del lado de los militares. El poder de esta obstrucción sobre los militares no estaba solamente determinado por su aspecto material sin principalmente por su efecto moral”. 
Así, la autodefensa es el germen del armamento ofensivo del proletariado: la creación de milicias obreras. Tal como dice Trotsky: "Mientras el sistema capitalista está en alza, incluso las clases oprimidas perciben como algo natural el monopo­lio estatal de las fuerzas armadas. (...) Fue recién en la Rusia zarista que el joven proletariado de los primeros años de este siglo comenzó a procurar armar sus destacamentos de lucha. Esto reveló vívidamen­te la inestabilidad del antiguo régimen. La monarquía zarista se encontró cada vez menos capaz de regular las relaciones sociales por medio de sus agencias normales. Es decir, la policía y el ejército, y se vio obligada a recurrir cada vez más a la ayuda de las bandas voluntarias (las Centurias Negras con sus pogromos contra los judíos, los armenios, los estudiantes, los obreros y otros).Como respuesta los obreros, igual que varias nacionalidades, co­menzaron a organizar sus propios destacamentos de autodefensa. Estos hechos indicaban ya el comienzo de la re­volución."
En la dinámica de la lucha de clases, la disolución del aparato represivo burgués está en directa relación con la existencia y extensión de un poder militar proletario capaz de producir esa disolución por la fuerza y sustituir el viejo aparato de coerción burgués, realizando las tareas de "policía" necesarias para el ordenamiento social desde el punto de vista de los intereses de las mayorías populares.
Es esto precisamente lo que planteó Trotsky en "Un programa de acción para Francia": "Todas las policías, ejecutoras de la voluntad del capitalismo, del Estado burgués y de sus pandillas de políticos corruptos deben ser disueltas. Ejecución de las tareas policiales por las milicias obreras." Ahora bien, Trotsky formuló este programa de acción, es decir, de agitación para la acción, en la Francia de 1934, atravesada por la creciente militarización de la sociedad producto de la preparación de la burguesía francesa para la guerra imperialista y por permanentes choques entre las bandas fascistas y el movimiento obrero combativo que avanzaba en su radicalización política. Precisamente porque la situación es (aún) muy distinta, este tipo de consignas no pueden ser utilizadas para la agitación hacia las masas, porque, en la dinámica viva del proceso social, hoy no tendría carnadura sobre ningún sector del movimiento obrero. 
Que este programa no sea de conjunto agitable hoy, fruto de las condiciones objetivas y subjetivas del proletariado, no implica caer en un programa “entendible” que liquide la relación entre estos aspectos y la estrategia revolucionaria. Por el contrario, para los revolucionarios es una tarea de primer orden formar una vanguardia de jóvenes y trabajadores que lo asuma como base para la preparación revolucionaria para momentos álgidos de la lucha de clases. Es desde esa perspectiva que escribimos esta crítica.