El principal cambio de la última
semana, en la situación política nacional, es la vuelta al centro de la escena política
de CFK, con el discurso en Rosario y el que dio en la apertura de las sesiones legislativas.
Su retorno tiene que ver con la necesidad de imponer orden en el momento que fue
definido como el
peor mes de su gobierno. Hace unos días escribíamos
que su silencio era funcional a evitar que las crisis en curso la salpicaran
para así preservar la principal conquista de la burguesía en el período posterior
a la profunda crisis del 2001.
Su salida a escena viene a reafirmar
esa crisis. La ausencia de un régimen político más o menos estable, con figuras
fuertes, con un mecanismo parlamentario aceitado, con una justicia deslegitimada,
son una herencia de la crisis
orgánica que se expresó en el 2001 y que llevó a cientos de miles a cantar Que se vayan todos. Pero a estos problemas
históricos hay que sumarle un plus en los últimos meses. Cristina aplastó a la
oposición burguesa en las elecciones octubre, dejando un régimen casi de
partido único, pero que estratégicamente es débil por ser una coalición
de intereses yuxtapuestos. Al mismo tiempo, producto de sus necesidades como camarilla
gobernante, CFK se rodeó de una troupe de obsecuentes (del tipo de La Cámpora,
Boudou y demás) que limita el número de cuadros capaces de actuar con reflejos
ante los problemas que emergen. Un claro ejemplo es la suplantación de Aníbal Fernández
(que tenía un cierto juego propio) por el intrascendente Abal Medina que, en el
medio de la crisis por la masacre de Once, insistió en que “el estado había
estado presente”.
Entre la agenda estratégica y la prepotencia presidencial
Cristina se despachó en su
discurso en el Congreso contra los docentes.
Lo hizo con los argumentos más odiados por los mismos trabajadores y trabajadoras
de la educación y abrió otra crisis dentro de la coalición
kirchnerista-cristinista. Desde Sabbattela hasta la burocracia de CTERA,
todos tuvieron que mostrar su rechazo. ¿Se equivocó Cris? ¿Se fue de boca?
El gobierno viene subido a la ola
del 54% de los votos. Esa parece la cifra mágica esgrimida como argumento
legitimador para justificar cualquier cosa. La legitimidad “de origen” sirve
para atacar a los docentes, evitar pronunciarse ante la masacre de Once y
apoyar la mega-minería, además de espiar a los luchadores obreros y populares. Sobre
este argumento edifican sus más que rebuscadas interpretaciones los intelectuales
K y muchos blogueros.
Pero las palabras de Cristina
contra los docentes no fueron sólo un exabrupto o una pasada de rosca. Sobre
este 54% de los votos pretende montarse Cristina para arbitrar entre las clases
sociales y llevar adelante lo que definimos como una agenda
estratégica. Una agenda donde se busca evitar la emergencia del movimiento
obrero y las masas pobres en la escena política así como impedir el desarrollo
de una vanguardia política combativa de esos sectores. En esta agenda tienen su
raíz el Proyecto X, el ataque a los docentes, la condena a todos los métodos de
acción directa y los enfrentamientos con Moyano, entre algunos de los elementos
de la situación reciente.
Los límites de la reconstrucción
del régimen político argentino en todos los órdenes son los que ponen a CFK en
el papel de árbitro. Árbitro que, por otra parte, debe defender los intereses
estratégicos de la clase capitalista, al mismo tiempo que sostiene la base de
su poder.
En defensa del (su) capital
CFK defendió la labor de Schiavi
y la gestión K del servicio ferroviario. En esta defensa se juega la de todo el
sistema de privatizaciones y concesiones en este sector. ¿Es viable otra forma
de viajar para millones de personas? Si en 9 años de crecimiento a niveles
record no se pudieron modificar estas condiciones, es la confesión de que nada
serio se hará. La única alternativa para evitar que cada tren sea un potencial Cromañón
en movimiento, pasa por re-estatizar el sistema en su conjunto y ponerlo bajo
gestión de los trabajadores y usuarios. Muchos objetan que el estado fracasó en
los 80’. Pero lo que fracasó fue la gestión del estado capitalista. El mismo
que ha llenado de subsidios a
las empresas para nada.
Tirar abajo la concesión de TBA
puede ser una medida parcial que el gobierno utilice para recuperar cierta
imagen, pero la discusión abierta acerca de la herencia menemista en los trenes
seguirá ondeando sobre la cabeza del gobierno mostrando, ante cada hecho, que
nada de los fundamental ha cambiado.
En su ataque a los docentes CFK
asume el rol que la clase capitalista en su conjunto necesita para sostener sus
ganancias en el medio de la crisis internacional. Uno de los “secretos” del
crecimiento de los últimos años fueron los bajos salarios de la clase
trabajadora. Esa “herencia” es lo que la burguesía autóctona y extranjera
necesita garantizar. El ataque de CFK contra los docentes responde entonces a
esa necesidad estratégica, junto a limitar el poder de acción de las
organizaciones de la clase trabajadora. De
ahí que el exabrupto resultaba “necesario”.
Finalmente el gobierno apunta a
sostener su caja como requisito fundamental de su poder de árbitro. De ahí la
medida de terminar de liquidar la Ley de convertibilidad, que muchos blogueros
K festejan como un gran avance, cuando tiene por función permitir el uso de
reservas a discreción por parte del gobierno, para solucionar la escasez de
dólares actual resultado de la fuga de capitales y de la salida de remesas de
utilidades del país. Una vez más se evidencia el carácter de “bonapartismo
fiscal” que negocia, premia y castiga, usando los fondos del estado, lo que lo
obliga a asegurar los mismos a cada paso.
Una deslegitimación creciente
Como se escribió acá, un elemento central del
cambio en la situación política es la emergencia de la indignación popular
contra el gobierno y TBA por la masacre de Once. Esa misma indignación es la
que recorrió a los docentes de todo el país frente al discurso de Cristina en
la apertura se sesiones. Sus ataques generaron una ola de repudio que obligó a
que hasta la misma burocracia sindical de CTERA que viene siendo
oficialista, así como otros dirigentes sindicales de provincias, como Baradel
(Buenos Aires) y Monserrat
(Córdoba), salieran a responder.
Estamos ante una creciente
deslegitimación política del gobierno nacional en amplios sectores de las masas.
Pero lo novedoso radica en que esta crisis política ayudar a procesar una
experiencia con la misma figura presidencial, la institución que más se
recuperó desde el 2001. De ahí la gran significación que tiene que Cristina
vuelva al centro de la escena. Cada hecho de la realidad la golpea
directamente. Se trata de una situación en desarrollo. La defensa de la mega
minería y el silencio
ante la represión en Catamarca fueron los primeros elementos de esta deslegitimación.
La denuncia del Proyecto X, pero sobre todo la impunidad ante la masacre de
Once y los ataques a los docentes vienen a coronar 15 días de giro a la derecha
más pronunciado. Giro que empieza a socavar la confianza que el gobierno tenía
por parte de sectores de masas.
Esto recrea elementos incipientes
a la apertura de una nueva “separación
entre dirigentes y dirigidos”, es decir lo que se ha definido como “Crisis
orgánica”. Mientras más Cristina intenta imponer su agenda estratégica, más se
aleja como gobierno de las necesidades de las masas trabajadoras y alienta
estas tendencias. Que parte de este paso a la oposición política se desarrolle
en un sentido progresivo, hacia la ideas de la izquierda revolucionaria,
depende de la actividad de ésta, en el marco de amplio campo de oportunidades
que abre la situación.
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