lunes, 30 de junio de 2014

Una agenda común contra los trabajadores y la izquierda (apuntes sobre la semana política en Córdoba)




Eduardo Castilla
Como no podía ser de otra manera en Córdoba está lanzada la pelea electoral. Con ciertas similitudes a lo que ocurre a nivel nacional, las alianzas políticas opositoras discurren aún en estado de liquidez, pero ya prometen un “enderezamiento” hacia la derecha en el marco del mayor giro político nacional en ese camino.
El delasotismo sale a promocionar su “modelo” de represión y persecución a los sectores que se oponen a la política gubernamental. Mientras tanto van acomodando las fichas en casa y definiendo los posibles sucesores. La dupla Schiaretti-Llayllora está en gateras, aunque no se puede descartar que se termine consensuando una formula común, tendiente a unificar al conjunto del aparato peronista en un momento en que la crisis social y económica empieza a dificultar la continuidad de casi 20 años de gestión provincial peronista.
En la vereda de enfrente, oteando el descontento y el desgaste en el régimen se empieza a insinuar un armado tipo UNEN pero local, donde pesa la contradicción de agrupar a un espacio más que heterogéneo, teniendo como pequeña gran traba la ausencia de acuerdo en el conjunto de las filas radicales.
El abanderado de esta alianza “trasversal” a derecha es el mismísimo Luis Juez, que viene planteando la necesidad de un frente que reúna desde el radicalismo hasta el PRO. De ahí su acercamiento al macrismo y los avances hacia un intento de acuerdo con la UCR. Acuerdo que todavía se parece al sexo de los ángeles, es decir carece de materialidad.
El mayor lastre de este acuerdo no lo constituye el pasado de oposición encarnizada entre radicalismo y juecismo sino la actual unidad de intereses entre mestrismo y delasotismo, obligados a administrar provincia y municipalidad en un escenario de crisis social y económica. Este pacto de gobernabilidad -que no borra los roces pasados- responde a una debilidad mutua. Si el motín policial fue el talón de Aquiles de De la Sota (y parece seguirlo siendo) los casos resonantes de corrupción fueron la lanza que horadó la gestión mestrista. En ese escenario, cualquier elemento “disruptivo” huele a crisis.
El camino del kirchnerismo, acorde con su situación de declive global,  parece el más incierto de todos. Sus recorridos por el interior provincial actúan, esencialmente, como forma de medición de las figuras que compiten en la interna presidencial del FPV. Aunque haya sonado el nombre de Martín Fresneda para candidato a gobernador, el único lanzado es Acastello, con una campaña masiva de afiches donde el eslogan es “100% Gestión”. Acorde al giro derechista del gobierno nacional, no puede haber ningún tipo de mística en la campaña K.

La “agenda común” de los partidos patronales

Si algo unifica las campañas políticas y los perfiles de las fuerzas patronales, es la aceptación acrítica del conjunto de los postulados que impone el orden provincial. En la edición de este domingo, Julio Perroti de la Voz del Interior afirma que “lo que ocurre es que lo que gana el lugar de prioritario para una gestión, lo pierde para la que sigue”. Su objetivo es señalar que, en Córdoba, no se discute una agenda a futuro.
Contra lo que afirma este periodista, que no haya debates públicos no significa que no existan acuerdos estratégicos en la política provincial entre las fuerzas que responden a los intereses de los grandes empresarios. Qué otra evidencia más marcada se podría hallar que la pasividad extrema ante el tendal de suspensiones y despidos en las automotrices. Las declaraciones “de preocupación” de juecistas o radicales no impiden que esos ataques contra las condiciones de vida obreras persistan.
Este rol de garantes de las ganancias capitalista quedó más que confirmado en la negativa a votar el proyecto presentado por el FIT contra las suspensiones y los despidos. Ese rechazo se complementa además con la continuidad –avalada por todos los bloques- de los subsidios y exenciones impositivas para las grandes multinacionales. Así, a pesar de lo que afirma el periodista de La Voz, agenda común hay. El punto es que es abiertamente opuesta a los intereses populares pero favorable a los de las grandes corporaciones internacionales.
No es solo el poder económico el que está en la agenda de la unidad de los partidos patronales. La casta judicial que viene interviniendo, sin ambages, en defensa de los intereses empresariales cuenta con la venia del conjunto de esas fuerzas. Hasta la (vieja) “promesa” de la nueva política por fuera del bipartidismo (Luis Juez) se animó a defender en TV al fiscal Hairabedian contra los ataques por sus vínculos con Rafael Sosa. Dentro de esta aristocrática casta se encuentra el fiscal Caballero, que viene de imputar al delegado de Valeo Leonardo Sánchez, impidiéndole la entrada en planta, desprotegiendo a los trabajadores en momentos de despidos y suspensiones.

Disparen sobre la izquierda (una vez más)

La campaña macartista que siguió a la represión en la Legislatura cumplió una nueva semana. Cuando la calumnia juega un papel en la política (o en la lucha de clases) tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias.
Fue así que, a pesar de que De la Sota negó haber difamado a Cintia Frencia, el pasado jueves Oscar González -actual presidente provisorio de la legislatura y ex Jefe de Gabinete provincial- se despachó contra “los encapuchados” a los que asoció, sin nombrarlo, al FIT (“esa pequeña fuerza política” que “busca un reconocimiento por los canales que la democracia establece”). En el mismo sentido fue la acusación de la legisladora Nadia Fernández. Vale la pena recordar sus orígenes en el kirchnerismo, para terminar borocotizándose en una ferviente delasotista.
Estos intentos de cargar las “responsabilidad políticas” sobre el FIT muestran lo endeble de la argumentación real con la que iniciaron  la cuestión de privilegio contra el FIT en la Legislatura. Lejos de poder probar la participación real en los hechos que se imputa, deben recurrir a esta burda maniobra.
Al mismo tiempo, la denuncia al Jefe de la policía provincial por la represión de esa jornada  pone al descubierto la unidad de un plan armado para cazar a cualquier que pudiere ser asociado a los “incidentes” y al voto negativo del FIT a la Ley provincial de Ambiente.
En este escenario, el silencio sepulcral de los sectores alguna vez llamados progresistas no deja de impactar. La ausencia de pronunciamientos claros y permanentes contra los ataques que sufre el FIT, tanto con los procesamientos por la represión como por el ataque hacia la banca, evidencian otro aspecto de esta unidad política “por arriba”. Para el kirchnerismo cordobés constituiría una especie de ruptura de la disciplina política condenar el ataque a la izquierda, cuando el gobierno nacional lo hace de manera reiterada como se vio recientemente en el conflicto de Gestamp.
En un escenario marcado por el crecimiento de suspensiones y despidos, donde todavía está por verse el efecto real de las medidas tomadas por el gobierno (acuerdo con Brasil, Plan ProCreAUTO y rebajas de algunos precios), la existencia del FIT como alternativa política al conjunto de los partidos patronales, actúa como una espina en la planta del pie para el régimen político. La posibilidad de que ese espacio político o un sector de él, confluya con los reclamos obreros que empiezan a extenderse, es la principal preocupación política de los partidos que sirven a los intereses empresariales.
La perspectiva de resistencia a las consecuencias de la crisis económica es opuesta por el vértice a la salida que se impuso a fines de los 90’ en Córdoba y todo el país, donde primó la “paz social”. 
En ese temor a que la lucha de clases pueda abrir un camino a la izquierda trotskista, contra la burocracia anquilosada de los Pihen, Dragún o Urbano, que constituye hoy un verdadero bastión del régimen político provincial; allí reside la preocupación más duradera de los partidos políticos patronales.

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