La expropiación de YPF y los límites del gobierno (un futuro con agujeros)

El envío del proyecto de expropiación del 51% de las acciones de Repsol-YPF al Congreso nacional constituye un hecho central en la política del gobierno en los últimos meses. A la vez que le permite recuperar iniciativa en el plano político, abre contradicciones a futuro que pueden implicar nuevas crisis sociales.

Es evidente que se trata de una salida “por arriba” a problemas que se arrastran en dos planos. Por un lado, el plano político, como bien lo señala acá Juan Dal Maso. Por otro lado, es la respuesta pragmática a la crisis energética que se profundiza hace años, que además encuentra una expresión colateral en el déficit fiscal, producto del abultado déficit comercial que se desprende de la importación de millones de dólares en combustible.

Que el gobierno nacional haya pasado semanas negociando con Repsol es una confesión de que ésta era una de las últimas cartas en el esquema K. Los “amagues” (como “el anuncio que no fue” que analiza Fernando Rosso acá) y los intentos de “obligar” a Repsol a invertir son muestras de esta negociación con presión in extremis.

Con la resolución de avanzar en la expropiación, el gobierno logra marcar la agenda nacional, dividiendo a la oposición, logrando poner a parte de los autodenominados “progresistas”  detrás de él  y alinear parcialmente a Moyano. En este sentido, el kirchnerismo-cristinismo demuestra buen olfato político, para lograr algo de aire fresco en un momento en que venía sufriendo embates y estando a la defensiva.

Pero se evidencian los límites de su poder político. Una expresión es la negociación con los gobernadores. Hace unos días, Clarín relataba que “Los gobernadores petroleros apoyan la estatización de YPF (…) no comparten la idea de que sea sólo la Nación la que audite las inversiones en hidrocarburos y piden ser parte del paquete accionario que quiere tomar el Estado (…) La mayoría de los gobernadores está a favor de que el Estado se quede con el control de la compañía, pero quieren ser socios de la Nación”(Resaltado propio). Esta concesión del gobierno permite alinearlos y le da una base más amplia para esta “disputa parcial” con la empresa española, pero evidencia la necesidad de emprender esta ofensiva contando con aliados en los poderes provinciales.  

La “izquierda K” ha venido impulsando una amplia campaña a favor de la nacionalización de YPF. Ahora festejan a rabiar y la mayoría prefiere no tomar nota de los vaivenes que señalamos antes. Algunos de ellos, que llaman a “bancar más que nunca a nuestra Presidenta” no toman en cuenta que bajo el amparo del kirchnerismo, se continuó el saqueo petrolero. Esto está estrechamente ligado a la continuidad de la configuración de clases surgida bajo la dictadura y el menemismo. Sobre eso hemos escrito acá.

Garantías al capital

En el post que citamos de Juan Dal Maso están definidas cuestiones centrales que muestran los límites de la expropiación. Aquí sólo queríamos citar dos párrafos del Proyecto de Ley que intentan evidenciar que no se trata de una medida “confiscatoria”. En el artículo 15, sobre la continuidad jurídica, está escrito que la YPF expropiada no le son “aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades que el Estado nacional o los estados nacionales tengan participación”. En el artículo 16. Inciso b) se dice “la administración de YPF S.A (se hará) conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos”

Estos apartados buscan mostrar que el cristinismo no tiene “pasión confiscatoria” sino que se trata de una medida tomada como resultado de una situación excepcional. De esta forma se evitar comprometerse ante el capital imperialista y local.

Agujeros en el futuro

Cómo señalamos al principio, lo que puede ser un éxito de coyuntura, reforzando el gobierno y dándole aire, presenta contradicciones a futuro no menores.

En primer lugar, el gobierno sufre un problema fiscal estructural. De esa contradicción nacieron a la vida la Resolución 125, la nacionalización de los fondos de las AFJP’s y las modificaciones de la Carta Orgánica del Central. Ahí también radica el origen de la sintonía fina y los intentos de reducción del gasto público.

Esa base estructural limita las posibilidades de inversión en exploración y extracción. Como acertadamente dice el bloguero K que citamos antes, “una vez “que vuelva la política” habrá que prestar atención a los aspectos geológico-económicos del negocio. Hace falta mucha plata para extraer el tipo de petróleo que hay en las reservas en Argentina”. Por su parte, Financial Times, vocero del capital imperialista, estima que son necesarios 25 mil millones de pesos para esas inversiones. Si se suman estas cifras a lo que el gobierno debería pagar por la expropiación a precios actuales de mercado (entre 6 y 7 mil millones de dólares) se obtiene una suma que oscila entre los 40 y los 50mil millones de pesos. Una cifra verdaderamente exorbitante en el marco de las tendencias a la desaceleración económica y el mayor impacto de la crisis internacional.

La segunda contradicción se halla ligada estrechamente a ésta. Al ser la crisis fiscal y comercial la que empuja a esta medida, es altamente improbable que esta medida implique grandes cambios en la vida del pueblo trabajador.

No se puede evaluar la medida sólo desde el punto de vista jurídico. Sino que es preciso analizar el verdadero alcance social que tendrá. Esto es imposible de definir hoy, pero la realidad presenta ejemplos en los últimos meses de cómo el gobierno no tiene ningún interés en los problemas de la vida de las masas. Precisamente aquí se halla uno de los límites del “modelo”, como se evidenció en la masacre de Once y en las consecuencias del temporal que arrasó Capital Federal y parte del Conurbano. En esas tragedias salió a la luz la decadencia estructural de la Argentina K.

Pero en los últimos años además sufrimos decenas de muertes ocurridas por la ausencia de calefacción que sufren millones de familias del pueblo pobre. Muchos muertos por tener que depender de estufas a cuarzo o, incluso, calentarse en fogatas que llevaron al incendio de las humildes viviendas o casillas donde habitaban. Por eso mismo, la nacionalización no se puede evaluar separada de un plan de obras públicas que permita solucionar todos esos problemas.

Como definimos acá sobre Malvinas, en el caso de YPF, todo indica que se trata una “pequeña política” destinada a cambiar algo en el marco de la estructura existente. Un elemento a señalar es que la nacionalización de Repsol implica sólo el control del 30% de la producción. Enormes sectores siguen en manos de otras empresas de capital extranjero como se señala acá.

Por el contrario, una política que verdaderamente intente dar solución de fondo al problema energético nacional, tiene que partir de la expropiación sin pago y avanzar en una planificación nacional de la explotación y la utilización de los recursos hidrocarburíferos.

Esto sólo puede ser logrado poniendo la administración y la gestión de YPF en manos de los trabajadores de esa empresa que gestionen en común con comités integrados por representantes del pueblo. Esa es la forma de avanzar en una planificación que tome como objetivos centrales la resolución de los problemas sociales que afectan a la vida de las masas. Es utópico pensar en una YPF al servicio del pueblo trabajador gestionada por De Vido, que está detrás de todos los negociados por las privatizaciones que sufre el pueblo.

La gestión K sobre YPF será seguramente la responsable de nuevas crisis sociales y políticas cuando quede en evidencia que tanto discurso de nacionalización no tiene implicancias en la vida real del pueblo trabajador.