Gobierno, régimen y clases sociales en Córdoba. Apuntes I

Por Eduardo Castilla y Joaquín Ramírez

Hace pocas semanas decíamos que la fortaleza de De la Sota, expresada en su capacidad de alinear a todo el régimen político provincial detrás del “reclamo federal”, tenía sus puntos de falla. Entre ellos señalamos especialmente la crisis de las finanzas provinciales, ligadas a la desaceleración del crecimiento económico y a una estructura fiscal atada a los intereses de las grandes patronales. En este post queremos abordar algunas discusiones que van más allá de la coyuntura y dan cuenta de las características estructurales del régimen político provincial y sus fortalezas y debilidades para enfrentar la emergencia de sectores de la clase trabajadora.  

El fantasma de las crisis pasadas

Como habíamos señalado, las finanzas provinciales son un “eslabón débil” de la estructura de la provincia. Frente a la exigencia impotente al gobierno nacional y partiendo de la negativa absoluta a tocar una estructura fiscal al servicio de las patronales, el Gallego finalmente dio un golpe de mano, usando las “peores formas”, “rompiendo códigos” con la oposición, dejándola a paso cambiado cuando todos se sentían ya parte del dichoso “cordobesismo”. Radicales y juecistas, con la boca abierta, no podían creer lo que veían cuando el PJ aprobaba, con mayoría automática y veloz, policías mediante, rodeando la desprevenida legislatura, el primer ajuste contra los jubilados cordobeses.

Más allá de los dimes y diretes sobre los manejos previos a la votación, la sanción de la ley y las posteriores movilizaciones, abren un escenario distinto en la política provincial. Un aspecto que queremos analizar acá son las fortalezas y los límites de un régimen marcado por crecientes tendencias bonapartistas, ante un escenario de potencial incremento de la lucha de clases. El choque con los gremios trae de vuelta los fantasmas de las pasadas crisis políticas. Crisis donde la clase trabajadora cordobesa tuvo un lugar protagónico, a pesar de la traición de sus direcciones sindicales.

Clase(s) dominante(s) y tendencias políticas

Si bien no puede hacerse abstracción del régimen político nacional, es evidente que las particularidades provinciales existen como producto del desarrollo político y económico, así como de los resultados de la lucha de clases. Haciendo estas salvedades, podemos hablar de un régimen político “cordobés”, democrático burgués con tendencias bonapartistas.

Podemos hablar de un régimen donde tiende a perfilarse la “concentración de poderes en la dirección del estado (…) Todas las decisiones políticas importantes están centralizadas en un único individuo dotado de extraordinarios poderes de emergencia. Habla y actúa no como servidor del parlamento, como el premier, sino en su propio derecho, como el «hombre del destino» que ha sido llamado a rescatar a la nación en su hora de peligro mortal” (ver acá)

Si bien no estamos ante la presencia de “poderes excepcionales” y queremos ser claros en que los niveles de bonapartización del régimen pueden ser categóricamente mayores que el actual, podemos decir que De la Sota se ubica por sobre el conjunto de los “queridos cordobeses”, tratando de mostrarse como el cabal representante de los intereses de la población. Su “cruzada” por los fondos de la provincia y su defensa del “cordobesismo” son la expresión en el discurso político de ese intento de abarcar al conjunto de la representación política local anulando a la oposición. Un elemento de este intento de construcción de un bloque ideológico, es el desarrollo del “Cordobesismo” como una suerte de pseudo-ideología regionalista, federalista, opuesta por el vértice a los intereses de Buenos Aires.

En Córdoba, la figura del gobernador es central y los mecanismos de división de poderes quedan diluidos frente a este fortalecimiento del ejecutivo, como se expresa en el papel semidecorativo de la legislatura, lo que no implica que no juegue ningún rol. Por el contrario, cumple el papel de legitimar las decisiones del ejecutivo. Sin embargo, en este último caso el golpe de mano de De la Sota haciendo votar el ajuste a los jubilados, tuvo que hacerse sin el consenso de la oposición, rompiendo las formas de agrupamiento de todo el régimen político que intentaba el la política delasotista.

Para garantizar que no haya cortocircuitos en este mecanismo, la reforma constitucional del 2001 modificó la anterior composición, estableciendo la Unicameral e imponiendo un sistema donde cada departamento tiene un legislador. Así, los departamentos tienen 26 legisladores propios que, junto a los 44 elegidos por distrito único, le dan mayoría automática al partido que tenga peso en el interior provincial. De esta manera, el PJ extendió la hegemonía que tenía en el interior provincial a la legislatura, mostrando un régimen más democrático en las formas, pero antidemocrático en el contenido.

En 1931, alrededor de las discusiones sobre Alemania, Trotsky escribía “Todo régimen pretende estar por encima de las clases, salvaguardando los intereses del conjunto. Pero los efectos de las fuerzas sociales no pueden determinarse tan fácilmente como los del terreno de la mecánica. El gobierno mismo es de carne y hueso. Es inseparable de ciertas clases y de sus intereses”. Tomando esta definición, podemos decir que la figura de De la Sota es inseparable de las grandes patronales del campo y los monopolios imperialistas asentados en la región, entre los que se encuentran las automotrices o grandes empresas locales como Arcor.  La política de este gobierno y la de los anteriores, está estructurada bajo las directivas de esos sectores económicos.

Algunos de los grandes grupos (automotrices y Arcor entre otros) que dominan la provincia remontan su historia a los años ‘50 y ’60, atraviesan el conjunto de los regímenes políticos, incluyendo las dictaduras militares y continúan reinando bajo los gobiernos radicales y peronistas tras el retorno de la democracia. Tanto en uno como en otro régimen, siguen obteniendo todo tipo de beneficios. De esta ligazón a los grandes monopolios surgen precisamente las tendencias bonapartistas.

Dominación y dirección

Para agregar elementos a este análisis, tomemos a Gramsci que señalaba que “La supremacía de un grupo social asume dos formas: «dominación»» y «dirección moral e intelectual». Un grupo social es dominante sobre grupos enemigos a los que tiende a «liquidar» o someter con la fuerza armada, y es dirigente sobre grupos afines y aliados”. Si bien como ha señalado Perry Anderson, las definiciones del marxista italiano tienden a una visión dualista y ambivalente, que puede dar lugar a una gama de interpretaciones (muy) amplia, creemos que algunos aspectos de esta definición pueden sernos útiles para analizar ciertos rasgos de la forma de dominio burguesa en la provincia.

Podríamos decir que el PJ ejerce una “función dirigente” en tanto se basa en un sector de las masas del interior provincial, ligadas a los intereses del agro, esencialmente de la producción de soja y los negocios ligados. Decíamos hace poco que “A la producción a gran escala del poroto, del cual Córdoba es la segunda productora nacional, se proponen ahora, sumarle un plus de “industrialización”, que le dé “valor agregado” a la producción agrícola, profundizando un esquema de acumulación capitalista con fuerte peso en el campo” de la mano de Monsanto y las inversiones del polo biotecnológico.

En ese sentido y siguiendo nuevamente a Gramsci “El hecho de la hegemonía presupone que se tienen en cuenta los intereses y tendencias de los grupos sobre los cuales se va a ejercer la hegemonía (…) que aunque la hegemonía es ético-política, también debe ser económica”. De allí podríamos afirmar que De la Sota garantiza los intereses materiales de estos sectores, basando en ellos su hegemonía en el interior provincial. La continuidad de los altos precios internacionales de la soja, ayuda a la construcción de ese bloque político y social.

Pero De la Sota no puede gobernar sólo con estos sectores y tiene una política de afianzarse sobre fracciones de la pequeña burguesía urbana y franjas más atrasadas de la propia clase obrera. Sobre esos sectores, su discurso de defensa de la “familia”, haciendo honor al peso histórico de la Iglesia Católica en la provincia, se combina con un discurso contra la juventud y la libre sexualidad. Esto garantiza el alejamiento de cualquier sector que pudiera haber tenido alguna ilusión con sus gestos “progresistas” de hace unos meses. 

Pero además, el PJ ejerce una “función dominante” sobre las masas a través de dos mecanismos centralmente. Por un lado, a través del crecimiento constante del aparato represivo que viene en ascenso en estos años, duplicando la cantidad de efectivos y aumentando de manera exponencial sus recursos, como muy correctamente denuncia Leticia Celli en este programa de Giro a la Izquierda.

Parte de esa política, fue la elevación a rango ministerial de la Secretaría de Seguridad y la designación de Paredes. Esta política se refuerza con las modificaciones que viene imponiendo la legislatura, donde crece el poder de fuego de una institución que cumple y ha cumplido un papel central en el dominio provincial.

Por otro lado, como veremos, se apoya en una fuerte burocracia sindical que ejerce un control al interior de los gremios de la industria, cómo el caso de SMATA de manera policial, frenando la emergencia de sectores de oposición que se consoliden y, al mismo tiempo junto con la burocracia estatal, integrándose al gobierno, en el caso del primero con Dragún como Ministro de Trabajo y en el segundo la UEPC con el ministro de educación Walter Grahovac así como con el SEP con Pihen como legislador delasotista. En el caso de los estatales hay que señalar que una obligada legalidad de las oposiciones políticas permite que se exprese mayor disidencia incluyendo a sectores combativos y clasistas. Pero con estos sectores, la crisis de las finanzas provinciales, implica abandonar en gran medida la perspectiva de lograr el apoyo de la clase trabajadora del Estado al gobierno. 

La burocracia y el control de las clases peligrosas

La integración de las organizaciones obreras al estado ha sido la política del peronismo desde siempre. En ese sentido, el delasotismo no tiene nada de novedoso. Pero es peculiarmente importante el papel de esta burocracia estrechamente ligada al estado en función del poder social de la clase trabajadora de la provincia. Poder que se no solo ha sido históricamente muy fuerte como se puede concluir de su tradición de lucha, sino que se mantiene hoy como una enorme fuerza social que es dejada de lado en la mayoría de los análisis de la provincia.  

En ese sentido, y volviendo a Gramsci podemos decir que en Córdoba hay una “relación de fuerzas sociales estrechamente ligadas a la estructura, objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, que puede ser medida con los sistemas de las ciencias exactas o físicas. Sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción se dan los grupos sociales, cada uno de los cuales representan una función y tiene una posición determinada en la misma producción. Esta relación es lo que es, una realidad rebelde: nadie puede modificar el número de las empresas y de sus empleados, el número de las ciudades y de la población urbana” (resaltado propio).

En la industria metalmecánica se agrupan alrededor de 25 a 30 mil trabajadores que tienen en sus manos el poder de paralizar una de las principales fuentes de ingresos de la provincia. En la industria alimenticia se concentran sólo en Arcor, cerca de 5000 trabajadores en las cuatros plantas que posee en la provincia. Los trabajadores de Luz y Fuerza, además de ser más de 2000 mil, tienen en sus manos el potencial para paralizar la energía de la provincia, dejando por ejemplo sin luz a las enormes monopolios imperialistas. Los trabajadores de la UTA ya mostraron su potencial estratégico hace pocos meses como dijimos acá y esta semana lo hicieron nuevamente con un impresionante paro de la empresa Ciudad de Córdoba de características antiburocráticas, contra tres despidos que sólo pudo ser levantado con la intimidación de un imponente operativo policial. A eso debemos sumarle las decenas de miles de estatales que son poderoso factor político en la provincia y que, a diferencia de los gremios de la industria, más allá de los avances y retrocesos, mantienen una gimnasia de lucha en las calles que es un hándicap a la hora de enfrentar ataques. En ese sentido, tomando la cita de Gramsci, esa relación de fuerzas estructural es altamente favorable a la clase trabajadora después de años de crecimiento económico.

Pero además, “la relación de las fuerzas políticas; es decir, la valoración del grado de homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diferentes grupos sociales” también es favorable a las masas trabajadoras. El derechismo político del régimen no está basado en grandes derrotas como las que se vivieron a fines de los 90 con la crisis económica que dejó a decenas de miles en la calle. Si bien ha habido retrocesos y fracasos en luchas parciales de los últimos años, sobre todo entre los estatales y en menor medida en la industria, no estamos frente a un retroceso a gran escala. Es esta relación de fuerzas la que se expresó en la necesidad de una “maniobra” de De la Sota, haciendo votar en la legislatura sin previo aviso. El Gallego montó un escenario que evitara la acción preventiva de los gremios, la movilización y posible represión, algo que hubiera traído a la memoria las imágenes de una Córdoba ardiendo, como en el 2008, algo que sería un traspié en la carrera presidencial pero además mostraría nuevamente la fuerza de miles de trabajadores en las calles, alentando las tendencias a la acción directa. Pero contradictoriamente, colocando a la burocracia ante “los hechos consumados”, no le dejó más opción que la movilización como respuesta. Esto pone en escena la debilidad de sus formas bonapartistas para enfrentar al poderoso movimiento obrero de la provincia. En definitiva decimos que Córdoba no escapa de una relación de fuerzas más general conquistada en estos años por el movimiento obrero a nivel nacional que hay que enmarcar en el post 2001.

Crisis del “pacto social” en el gobierno

Ese poder de la clase obrera y esa relación de fuerzas están en la base del poder político que acapara la burocracia. En ese sentido, desde el punto de vista burgués, tiene “derecho” a  un ministerio como parte del aparato de control de las masas, con el cual pretende ejercer el rol de “policía política” a escala provincial. De la Sota es consciente de esto, de allí la creación del Ministerio de Trabajo y la asunción de Dragún en el mismo. Pero esto puede llevarla a pagar un gran costo político en la medida que estallen conflictos en la clase trabajadora.

En esta marco, y volviendo a la coyuntura, el ataque del gobierno por la Caja obliga a las conducciones a responder, incluso a las que son parte del oficialismo como Pihen del SEP. En esta respuesta se combinan varias cosas. Por un lado, la necesidad de dar una respuesta a un ataque  que si bien, es el “mínimo” como señalan los medios, afecta uno de los sostenes de la burocracia al interior de las propias organizaciones sindicales. En algunos gremios, entre los afiliados hay más jubilados que trabajadores activos. En segundo lugar, un sector de las conducciones está alineado con el gobierno nacional, por lo que pueden usar este ataque para una estrategia de “desgaste” contra el delasotismo. El límite a esto radica en que el programa del kirchnerismo ante la crisis de la Caja es avanzar en un mayor ataque, imponiendo la “armonización” con la Nación, bajando estrepitosamente las jubilaciones. En tercer lugar, se trata de conducciones fuertemente cuestionadas entre sus bases, por lo que se ven obligadas a responder para evitar un mayor prestigio, en la encrucijada de o perder mas prestigio bajándose de la lucha y el peligro de dar aire a la oposición combativa que se encuentra en su terreno que es la lucha.

De conjunto, parecen abrirse tendencias a mayores choques entre las clases, donde la cuestión de la estrategia necesaria para forjar una corriente clasista y antiburocrática de peso, será central en el próximo período. A este tema dedicaremos otro post.

En apretada síntesis, lo que queremos plantear es que el régimen político de Córdoba sostiene un poder ejecutivo de características bonapartistas pero que mantienen las formas parlamentarias. Que este poder político concentrado se asienta en una estrecha vinculación con una estructura económica basada en fuertes grupos económicos ligados a la producción agrícola como industrial y que es esa concentración la que le da una fisonomía particular. También buscamos analizar que parte de esta concentración es la integración de la burocracia sindical al gobierno, tanto en su forma ejecutiva como legislativa, y la política policial de esta al interior del movimiento obrero industrial. Sin embargo también aludimos a una relación de fuerzas más general entre las clases fundamentales que no es de derrota de la clase obrera, lo que le pone límites al mencionado bonapartismo de De la Sota dándole un carácter de equilibrio inestable.