Córdoba: crisis de régimen e intentos de relegitimación

Hace unos días señalamos como en Córdoba asistimos a una marcada contradicción entre un régimen bipartidista de derecha (Mestre-De la Sota) y las tendencias políticas, sociales  y culturales que limitan ese derechismo gubernamental. Esto plantea, potencialmente, futuras crisis de gobernabilidad para las fracciones políticas burguesas en el poder. Los últimos días agregaron tela para cortar y seguir analizando la realidad cordobesa. 

Noventismo en crisis y control del movimiento obrero

De la Sota se presentó a las elecciones como el “candidato que más aprendió”. En esta suerte de parodia política, lo que en realidad estaba de fondo era el enorme desprestigio político en sectores de las masas que tenía el Gallego. El intento de presentarse sólo como “José Manuel” (una remake del “Mauricio” que Macri usó en Capital) tenía como función política esconder el pasado relativamente reciente de ataque a los trabajadores y derechismo social y político (“las madres deberían haber cuidado mejor a sus hijos”).

Si bien De la Sota se impuso por amplio margen, un componente central de esa votación fue el voto sojero del interior provincial, donde arrasó a la oposición, mientras que en la capital, donde se concentra el grueso de la clase trabajadora de la industria y el estado, el peronismo superó sus mediciones recientes, pero sin remontar la oposición que tiene en amplias capas de la población.

Una vez en el “Panal”, el Gallego sacó a relucir sus credenciales de hombre de la derecha peronista: ataque a los trabajadores y reforma del Código de Faltas entre otras opciones del menú. Pero lo que estaba claro desde el principio, era la necesidad de imponer un régimen con elementos preventivos para la emergencia de la clase trabajadora.

En el post que subimos hace unos días, señalamos que ese era el rol atribuido a Dragún como “ministro-sindicalista”, capaz de contener las luchas del movimiento obrero y actuar de “policía política” general contra los trabajadores. Pero junto con ese mecanismo de contención, en la provincia se viene perfilando un cierto giro político con el que se intenta hacer “más presentable” un gobierno que viene de ser la derecha antipopular. Este elemento es central para poder establecer un régimen con capacidad de maniobra y contención ante las posibilidades de la emergencia de las masas.  

Hace ya varios meses La Voz del Interior decía “Sin dinero para tirar para arriba, José Manuel de la Sota parecía escaso de iniciativa política. Y con un escenario próximo que implicará fuertes tironeos con los gremios estatales, necesitaba asegurar cierta armonía en otros flancos. Para eso, se le ocurrió convocar a los opositores con representación legislativa”. De esa tensión con los trabajadores estatales, surgió la mesa de negociación con los partidos que tenían representación parlamentaria, donde la banca del FIT no se sentó nunca, mientras los hacían radicales, juecistas y demás yerbas, legitimando la política del delasotismo.

Maniobras de recomposición política

Pero además, en las últimas semanas, somos testigos de un intento de recomposición del régimen político provincial, con centro en la legislatura. En lo que va del año hemos visto al oficialismo cordobés tomar una serie de medidas que van en contra de toda su "tradición". Hace pocos días, De la Sota anunció el envío de un proyecto de ley destinado a combatir la trata de personas, prohibiendo prostíbulos y whiskerías, así como endureciendo las penas a los proxenetas. Esta “repentina preocupación” por combatir la trata de José Manuel, empalma con otra “sorpresa”, como fue el subsidio de los ex detenidos en cárceles provinciales durante la dictadura, proyecto que, si bien fue rechazado por los compañeros ex detenidos, intentó mostrar un perfil “progre” entre los peronistas delasotistas.

A esto le podemos sumar la aprobación de un protocolo a favor del aborto no punible. Si bien se trata de una medida a la derecha de la establecida nacionalmente, contrasta con las decisiones en otras provincias, como Mendoza y La Pampa, que rechazaron lisa y llanamente la disposición. La última “novedad” reside en la aprobación de una Ley de “muerte digna”, también más limitada que la nacional, pero igual que la anterior, contrastando con los valores de la Iglesia, institución de peso central en la provincia, a la que no dudaron en respaldar cuando los estudiantes la cuestionaron en las movilizaciones contra la 8113.

Estas maniobras tienen el objetivo de recomponer parte del desprestigio estructural que tiene el régimen. Éste, a diferencia del delasotismo del primero gobierno, no se sostiene sobre derrotas de las masas, sino sobre el conservadurismo social que impusieron años de crecimiento económico que están llegando a su fin.  

El control “sin control”

En estos años, una base de dominio político provincial fue el rol de la policía, que creció exponencialmente como fuerza  de control de las calles, tanto frente a las movilizaciones, como contra la juventud de los barrios humildes. Su importancia en tanto órgano de represión al servicio del capital es sintomática de los elementos bonapartistas del régimen provincial. Pero esta situación abre brechas y contradicciones de distinto tipo. Sin ser una fuerza que “impone agenda” como lo hizo (y lo hace) la Bonaerense, la policía de Córdoba tiene una cierta autonomía pero, por sobre todo, está “subida al caballo” por su rol en el esquema de gobierno provincial. Tanta prepotencia por parte de los policías individuales, expresada en la enorme cantidad de denuncias por golpizas hacia jóvenes esencialmente, se desprende de que tienen “rienda suelta” bajo el delasotismo. Este es otro de los elementos que “hacen ruido” en el régimen provincial.

Tendencias bonapartistas y luchas de clases

Las formas políticas bonapartistas del primer gobierno de De la Sota, así como antes el de Mestre, se asentaron en las derrotas de la clase trabajadora. A mediados del 95, como reseñamos, la movilización de los estatales, impone la renuncia anticipada de Angeloz y la entrada en el gobierno de Mestre padre. Este descarga, con la complicidad de las direcciones sindicales, un brutal ataque sobre los trabajadores del estado, como forma de capear la crisis de las finanzas provinciales. 

A fines de los 90 y principios de la década pasada, 25mil trabajadores de la industria automotriz pierden sus puestos de trabajo, sin que el SMATA tome una sola medida de lucha. Primero son las suspensiones, luego los retiros “voluntarios”, luego los despidos abiertos y masivos. General Motors y Chrysler, dejan la provincia en pocas semanas. Se produce un ataque en regla contra la clase trabajadora de estas ramas y las consecuencias sociales las sufren decenas de miles de familias en toda la provincia.

Sobre esas bases se sostenían las tendencias bonapartistas del primer delasotismo, que intentó ir aún más lejos en esta relación de fuerzas con la privatización de EPEC, pero lo hizo en el momento en que la crisis de las ideas sobre la se forjó el menemismo era abierta.

Hoy, como ya señalamos la semana anterior, las tendencias anti-obreras de estos gobiernos están desfasadas de la relación más general de fuerzas a escala nacional y provincial. Las maniobras de recomposición política que venimos viendo y que señalamos más arriba, tiene el objetivo de cerrar esta brecha y mejorar las condiciones para enfrentar a la clase trabajadora cuando sea necesario descargar la crisis abiertamente sobre las mismas.