"Inseguridad", fuerzas represivas y estrategia revolucionaria. Un debate al interior de la izquierda

Paula Schaller y Eduardo Castilla

El estratégico debate sobre el programa de los revolucionarios hacia las fuerzas de seguridad volvió a reavivarse en los últimos tiempos al calor de la situación política, donde massistas y kirchneristas compiten, en la provincia de Buenos Aires, por ver quién representa mejor a ojos de las clases  medias la agenda derechista de la mano dura y el “combate contra la inseguridad” (baja de edad de la imputabilidad incluida). En Córdoba, el escándalo de la “narco-policía” se convirtió en otro disparador de estas discusiones.

La campaña por la "inseguridad" no es sólo parte de la "agenda política" sino un problema estratégico de primer orden, ya que intentan fortalecer el poder de fuego del aparato represivo como disciplinador social para usarlo ante un escenario de mayor lucha de clases. Si hoy es preventivo, mañana para la burguesía será directamente cuestión de volcar de lleno el aparato represivo ante las luchas obreras y los "desbordes sociales". Por eso es preciso no sólo denunciar enérgicamente esta "preparación" sino levantar un programa revolucionario ante la cuestión del aparato represivo, uno de los pilares centrales en los que descansa el Estado burgués, que al decir de Engels es justamente "un grupo de hombres armados al servicio del capital". 

La "inseguridad", el aparato represivo y el Estado

Para mantener un punto de vista de clase, en primer lugar hay que disputar el sentido de aquello que la burguesía llama "inseguridad" y se erige en el fundamento de su política de fortalecimiento del aparato represivo. Dado que la cuestión "delictiva" es una cuestión social, que afecta no sólo a sectores medios-altos sino también a la propia clase trabajadora (que muchas veces es cooptada por la ideología burguesa sobre la mano dura, al sufrir en carne propia sus efectos), merece una explicación social, anclada en las contradicciones del sistema social y los intereses de clase.  

Marx y Engels escribieron tangencialmente sobre esta cuestión tratando al delito no como un producto de la libre voluntad sino una manifestación aislada del individuo en pugna con las condiciones de opresión y explotación que lo rodean. Así lo plantea Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra: “Cuando las causas que desmoralizan al obrero ejercen una acción más intensa, más concentrada que la normal, el obrero se convierte en el delincuente, con la misma seguridad con que el agua, a los 100 grados C, bajo presión normal, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y el trato brutal y brutalizador que recibe de la burguesía hace de él un objeto tan pasivo como el agua, sometido a las leyes naturales con la misma imperiosa necesidad que ésta: al llegar a cierto punto, deja de actuar en él toda libertad”. 

Como se plantea aquí sobre esta cuestión, la delincuencia es de alguna manera la expresión de la "falsa consciencia individualista", una expresión por la negativa, que emerge ante la ausencia de forjar una salida colectiva contra las condiciones de existencia a las que se ve empujada la clase obrera, particularmente sus estratos más empobrecidos. 

Esta cuestión, bastante elemental, nos sitúa en el primer ladrillo del edificio para un programa ante la cuestión de las fuerzas represivas: la delincuencia, en tanto fenómeno social, sólo puede ser erradicada bajo una nueva forma de organización de la sociedad, donde una clase minoritaria no viva del robo del trabajo ajeno, sino que el conjunto de la riqueza producida esté puesta al servicio de satisfacer las verdaderas necesidades sociales.

Mientras tanto, con el argumento de "combatir" el delito que su propio régimen social consagra y extiende, la burguesía legitima ideológicamente la existencia, actuación y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.

La izquierda y la cuestión de las fuerzas represivas

La burguesía convierte su necesidad de fortalecer el aparato del estado en campaña política permanente. Frente a ello, la izquierda debería levantar un programa que tendiera a denunciar y contrarrestar esa tendencia. Si bien existe una visión común alrededor de que la solución al problema de la llamada “inseguridad” reside en cuestiones sociales de fondo, las diferencias (no menores) emergen a la hora de plantear una política hacia el aparato represivo del estado.

Sobre la cuestión de las fuerzas represivas y la política de la izquierda hemos escrito con anterioridad, señalando la contradicción política y estratégica que implica, para la izquierda que se reivindica revolucionaria, sostener una política de tipo reformista hacia las fuerzas represivas, en nombre de ganar a los “sectores subalternos” de las mismas. Esto, como ya señalamos, no cuestiona estratégicamente su carácter de órgano represivo al servicio del capital.

Un planteo clásico dentro de la izquierda es la llamada “sindicalización de la policía”. Esto lo ha planteado recientemente el candidato del PO en Salta, afirmando que “no puede haber un sindicato de todos los policías, sino de los subalternos, de aquellos que no tienen condiciones de mando (…) No puede ser parte de la misma organización sindical el Comisario y la tropa (…) la sindicalización “contribuiría a un ambiente de deliberación porque hay órdenes que los policías no deberían cumplirlas nunca”.

Este planteo parte de una analogía formal con las formas organizativas del movimiento de masas (por ejemplo los sindicatos) dejando de lado las especificidades de las fuerzas represivas en tanto institución burguesa. La diferenciación entre cúpulas policiales y sectores subalternos deja de lado el aspecto esencial de la posesión del monopolio de la fuerza pública. La función crea (y recrea) un órgano que adquiere intereses propios. Se conforma una fuerza con sus propias normas (legales e ilegales) y su propia lógica. Se trata de un aparato de decenas y cientos de miles de personas con sus propios intereses y que cuenta además, para respaldarlos, con la posesión de las armas y con el conjunto de la legalidad burguesa.

Ese carácter recorre a toda la institución, no sólo a sus cúpulas. De ahí que la definición de Lenin (tomando a Engels) ponga el acento en que se trata de “destacamentos especiales” que no “coinciden con la población espontáneamente armada” dada la existencia de antagonismos irreconciliables entre las clases. La fisonomía de “destacamentos especiales” ubica a la policía y al conjunto de las fuerzas represivas como un cuerpo extraño y opuesto a las masas en su conjunto, aunque se reclute socialmente en el seno de las mismas.

Los casos de gatillo fácil o las torturas son un ejemplo palpable. No son las cúpulas policiales las que ordenan asesinar jóvenes ni someterlos a todo tipo de vejaciones. No hay una “normativa” que lo indique, pero es una práctica extendida, donde los integrantes de la fuerza, en todos sus niveles, actúan brutalmente contra la juventud, el pueblo trabajador y las mujeres. Que la tortura esté institucionalizada al interior de las comisarías es otra expresión de estas prácticas brutales.

La participación y complicidad en robos, negociados en desarmaderos, trato con proxenetas y narcos (e incluso contrabando abierto como quedó al descubierto en Córdoba) pueden estar dirigidas “desde arriba” o ser la expresión de los intereses particulares de determinado sector o de policías sueltos. La pléyade de casos en los que aparecen “uniformados” imputados confirma que, como reza el cántico, “no es un policía, es toda la institución”.

La sindicalización propuesta por PO (y otras corrientes de izquierda) parte de un precepto falso acerca de la diferenciación entre cúpula y subalternos. Muy por el contrario, las distintas policías provinciales (y las fuerzas federales como Gendarmería o Prefectura) constituyen aparatos conformados y estructurados que desarrollan sus propios intereses.  

El fracaso de las reformas policiales de las últimas décadas lo pone de manifiesto. Cada purga demostró ser un fracaso muy rápidamente, cuando los negociados volvieron a emerger. Los políticos “progresistas” de la clase dominante tuvieron que pactar con este aparato porque el mismo es necesario para la defensa de los intereses de la clase capitalista en su conjunto.

Que la burguesía se oponga a la sindicalización no la convierte, en sí, en una medida revolucionaria. Si bien la autonomía de los subalternos podría alentar “rupturas” en la cadena de mando, y permitir cierta “anarquía” al interior de la fuerza, eso puede tener múltiples contenidos sociales y políticos. Contra esa lógica, hace casi un año, cuando gran parte de la izquierda festejaba la rebelión de gendarmes y prefectos, escribimos que “la “ruptura de la cadena de mando” no es, en sí misma y considerada aisladamente, un fenómeno progresivo, sino que dependiendo del estado general de la relación entre las clases, el nivel de actividad del movimiento obrero, etc., puede dar lugar al fortalecimiento de todo tipo de variantes reaccionarias al interior incluso de las mismas fuerzas de seguridad (…) el primer aspecto de una ruptura progresiva tendría que ser el cuestionamiento de los sublevados a su propia función social, cuestión muy distinta a la que presenciamos hoy”.

Que la burguesía perdiera (parcialmente) el control sobre su propio aparato represivo o parte del mismo, sería un hándicap para la lucha de clases si el movimiento obrero se encontrase en una ofensiva revolucionaria. Si no, puede convertirse en base del fortalecimiento de tendencias corporativas. Hoy, cualquier medida que tendiera a permitir a los subalternos “proteger sus intereses” implicaría para éstos garantizar sus vínculos con el narcotráfico, las redes de trata y los negociados ilegales.

La “democratización” de las fuerzas

PO también ha planteado recientemente la “Elección y revocatoria popular de comisarios”. Pero esta cuestión programática no puede discutirse por fuera de las tendencias de la lucha de clases, a riesgo de caer en una lógica “democratizante”. Trotsky escribía, en mayo de 1922, contra la electividad de los jefes militares del Ejército Rojo y afirmaba: “En el viejo ejército se habían formado comités de soldados, y mandos electos, que de hecho estaban subordinados a los comités (…) esta medida no tenía un carácter militar sino político revolucionario (…) el propósito del ejercito no era combatir. Había realizado en su seno la revolución social (…) estas medidas político organizacionales eran justas y necesarias desde el punto de vista de la descomposición del viejo ejército”.

Si la elección democrática de los oficiales cumplía un rol progresivo en la Rusia revolucionaria de 1917, esa “norma” no mantenía su validez después de la toma del poder, cuando se trataba de poner de pie una fuerza centralizada para luchar contra las invasiones imperialistas, no de descomponer el viejo aparato represivo. La elección democrática de los Comisarios en la actual situación política, lejos de favorecer la descomposición de las fuerzas policiales, podría aportar a la recuperación parcial de su imagen, con “nuevos” jefes “idóneos” y más legitimados. 

Una concepción formal del programa de transición

Eduardo Salas, tercer candidato a Diputado del FIT en Córdoba, también dirigente del PO, escribió hace pocos días que “La seguridad debe establecerse sobre los siguientes principios: a) el objetivo central es el cuidado y preservación de la vida y los bienes de la población; b) la prohibición de extender la acción en defensa de la seguridad a la represión, el control o el seguimiento de las acciones de reclamos o protestas de los trabajadores y vecinos; c) el control directo de los vecinos sobre los libros y las dependencias de los organismos responsables de la seguridad ciudadana, así como la elección directa y la revocabilidad de sus responsables”

Se trata de una serie de definiciones muy cuestionables. En primer lugar, afirmar que el objetivo central es el cuidado y preservación de los bienes de “la población” implica abandonar un criterio marxista elemental. La "población" está compuesta de clases sociales que tienen intereses antagónicos. No hay, por tanto, “bienes” que pertenezcan al conjunto. Si aceptáramos ese criterio, los trabajadores que toman una fábrica para defender su fuente de trabajo estarían atacando uno de los “bienes” del capitalista que los despidió. En ese caso, el accionar de la policía para desalojar la fábrica tomada tendría plena validez desde el criterio que establece el PO. Es evidente que esa no es la posición del PO pero, en su intento de establecer una “salida” inmediata al problema de la policía, a los fines de dialogar con los “vecinos”, termina perdiendo la brújula de clase en sus formulaciones políticas y programáticas.  

Ahora bien, dejando de lado este aspecto (nada menor) ¿qué se controlaría? ¿El correcto cumplimiento de las normas que impone la misma legalidad capitalista? Esto nos remite al inicio. Si la delincuencia es un problema social que sólo tiene solución en tanto se trastoquen revolucionariamente las condiciones sociales que le dan origen, el “control” ejercido no puede pasar de una simple constatación del accionar policial.

Si la policía actuara “dentro de las normas” (es decir no torturara a los jóvenes ni los vejara) si no tuviera negociados espurios sino que fueran todos “policías honrados”, seguiría siendo una fuerza especial de represión que tiene por objetivo imponer la opresión de una minoría social sobre las masas explotadas.

El control que propone PO, haciendo una analogía formal con la lógica del Programa de Transición, parte de un intento (impotente) de controlar las consecuencias necesarias de una determinada función social. Estos intentos de ofrecer un programa para el “aquí y ahora” en torno a las fuerzas de seguridad (condicionados evidentemente por la agenda electoral) terminan cayendo en una suerte de “programa mínimo”, que no es otra cosa que un programa reformista. 

Autodefensa y tendencias al armamento obrero

¿Tenemos los revolucionarios un programa de transición para las fuerzas de seguridad? Nuestro programa, lejos de componerse de "propuestas" para un “saneo” de las mismas, no puede más que articularse alrededor del objetivo estratégico de disolverlas en el camino de avanzar en el poder obrero.

¿Cómo se articula esa transición? O, en otros términos, ¿estamos hablando de una transición de qué a qué? Más allá de las formas históricas concretas que adquiera la lucha de clases, nos interesa señalar una mecánica general en torno a esta cuestión: cuando sectores de avanzada de la clase obrera y los sectores populares, en momentos álgidos de la lucha de clases, comienzan a procesar una experiencia con las fuerzas de seguridad a partir de sufrir sus permanentes embates, este primer estadio de ruptura puede manifestarse en el desarrollo de distintos métodos de autodefensa para enfrentar las avanzadas represivas, (que en momentos de aguda lucha de clases, tienden a ser no sólo estatales sino paraestatales, como la Triple A). Esa es la dinámica que plantea el Programa de Transición.

Por ejemplo, en el Cordobazo, el movimiento obrero y la juventud pusieron en pie piquetes y barricadas que asestaron importantes golpes morales a las fuerzas represivas, en primer lugar derrotando a la policía en la ciudad. La autodefensa quiebra el principio del monopolio estatal de la violencia y tiene un gran efecto moral en la lucha de clases, tanto para los oprimidos como para los opresores. 

Así lo señalaba Parvus, a principios del s. XX, cuando planteaba que: “El significado de la barricada debe visualizarse en dos direcciones. En primer lugar era un punto de reunión y un medio organizativo (…) en segundo lugar, era una construcción de defensa: protección del lado del pueblo y obstáculo del lado de los militares. El poder de esta obstrucción sobre los militares no estaba solamente determinado por su aspecto material sin principalmente por su efecto moral”. 

Así, la autodefensa es el germen del armamento ofensivo del proletariado: la creación de milicias obreras. Tal como dice Trotsky: "Mientras el sistema capitalista está en alza, incluso las clases oprimidas perciben como algo natural el monopo­lio estatal de las fuerzas armadas. (...) Fue recién en la Rusia zarista que el joven proletariado de los primeros años de este siglo comenzó a procurar armar sus destacamentos de lucha. Esto reveló vívidamen­te la inestabilidad del antiguo régimen. La monarquía zarista se encontró cada vez menos capaz de regular las relaciones sociales por medio de sus agencias normales. Es decir, la policía y el ejército, y se vio obligada a recurrir cada vez más a la ayuda de las bandas voluntarias (las Centurias Negras con sus pogromos contra los judíos, los armenios, los estudiantes, los obreros y otros).Como respuesta los obreros, igual que varias nacionalidades, co­menzaron a organizar sus propios destacamentos de autodefensa. Estos hechos indicaban ya el comienzo de la re­volución."

En la dinámica de la lucha de clases, la disolución del aparato represivo burgués está en directa relación con la existencia y extensión de un poder militar proletario capaz de producir esa disolución por la fuerza y sustituir el viejo aparato de coerción burgués, realizando las tareas de "policía" necesarias para el ordenamiento social desde el punto de vista de los intereses de las mayorías populares.

Es esto precisamente lo que planteó Trotsky en "Un programa de acción para Francia": "Todas las policías, ejecutoras de la voluntad del capitalismo, del Estado burgués y de sus pandillas de políticos corruptos deben ser disueltas. Ejecución de las tareas policiales por las milicias obreras." Ahora bien, Trotsky formuló este programa de acción, es decir, de agitación para la acción, en la Francia de 1934, atravesada por la creciente militarización de la sociedad producto de la preparación de la burguesía francesa para la guerra imperialista y por permanentes choques entre las bandas fascistas y el movimiento obrero combativo que avanzaba en su radicalización política. Precisamente porque la situación es (aún) muy distinta, este tipo de consignas no pueden ser utilizadas para la agitación hacia las masas, porque, en la dinámica viva del proceso social, hoy no tendría carnadura sobre ningún sector del movimiento obrero. 

Que este programa no sea de conjunto agitable hoy, fruto de las condiciones objetivas y subjetivas del proletariado, no implica caer en un programa “entendible” que liquide la relación entre estos aspectos y la estrategia revolucionaria. Por el contrario, para los revolucionarios es una tarea de primer orden formar una vanguardia de jóvenes y trabajadores que lo asuma como base para la preparación revolucionaria para momentos álgidos de la lucha de clases. Es desde esa perspectiva que escribimos esta crítica.