Eduardo Castilla
Como no podía ser de otra manera en Córdoba está lanzada la pelea
electoral. Con ciertas similitudes a lo que ocurre a nivel nacional, las
alianzas políticas opositoras discurren aún en estado de liquidez, pero ya prometen
un “enderezamiento” hacia la derecha en el marco del mayor giro político
nacional en ese camino.
El delasotismo sale a promocionar su “modelo”
de represión y persecución a los sectores que se oponen a la política gubernamental.
Mientras tanto van acomodando las fichas en casa y definiendo los posibles
sucesores. La dupla Schiaretti-Llayllora está en gateras, aunque no se puede
descartar que se termine consensuando una formula común, tendiente a unificar al
conjunto del aparato peronista en un momento en que la crisis social y
económica empieza a dificultar la continuidad de casi 20 años de gestión
provincial peronista.
En la vereda de enfrente, oteando el descontento y el desgaste en el régimen
se empieza a insinuar un armado tipo UNEN pero local, donde pesa la
contradicción de agrupar a un espacio más que heterogéneo, teniendo como pequeña
gran traba la ausencia de acuerdo en el conjunto de las filas radicales.
El abanderado de esta alianza “trasversal” a derecha es el mismísimo Luis
Juez, que viene planteando la necesidad de un frente que reúna desde el
radicalismo hasta el PRO. De ahí su acercamiento
al macrismo y los avances hacia un intento de acuerdo con la UCR. Acuerdo que
todavía se parece al sexo de los ángeles, es decir carece de materialidad.
El mayor lastre de este acuerdo no lo constituye el pasado de oposición encarnizada entre radicalismo y juecismo sino
la actual unidad de intereses entre
mestrismo y delasotismo, obligados a administrar provincia y municipalidad en
un escenario de crisis social y económica. Este pacto de gobernabilidad -que no
borra los roces pasados- responde a una debilidad mutua. Si el motín policial
fue el talón de Aquiles de De la Sota (y parece
seguirlo siendo) los casos resonantes de corrupción fueron la lanza que horadó
la gestión mestrista. En ese escenario, cualquier elemento “disruptivo” huele a
crisis.
El camino del kirchnerismo, acorde con su situación de declive global, parece el más incierto de todos. Sus recorridos
por el interior provincial actúan, esencialmente, como forma de medición de las
figuras que compiten en la interna presidencial del FPV. Aunque haya sonado el
nombre de Martín Fresneda para candidato a gobernador, el único lanzado es
Acastello, con una campaña masiva de afiches donde el eslogan es “100% Gestión”.
Acorde al giro derechista del gobierno nacional, no puede haber ningún tipo de mística
en la campaña K.
La “agenda común” de los
partidos patronales
Si algo unifica las campañas políticas y los perfiles de las fuerzas
patronales, es la aceptación acrítica del conjunto de los postulados que impone
el orden provincial. En la edición de este domingo, Julio Perroti de la Voz del
Interior afirma
que “lo que ocurre es que lo que gana el lugar de prioritario para una
gestión, lo pierde para la que sigue”. Su objetivo es señalar que, en Córdoba, no
se discute una agenda a futuro.
Contra lo que afirma este periodista,
que no haya debates públicos no significa que no existan acuerdos estratégicos en la política provincial entre las fuerzas
que responden a los intereses de los grandes empresarios. Qué otra evidencia más
marcada se podría hallar que la pasividad extrema ante el tendal de suspensiones
y despidos en las automotrices. Las declaraciones “de preocupación” de
juecistas o radicales no impiden que esos ataques contra las condiciones de
vida obreras persistan.
Este rol de garantes de las
ganancias capitalista quedó más que confirmado en la negativa a votar el
proyecto presentado por el FIT contra las suspensiones y los despidos. Ese
rechazo se complementa además con la continuidad –avalada por todos los
bloques- de los subsidios y exenciones impositivas para las grandes
multinacionales. Así, a pesar de lo que afirma el periodista de La Voz, agenda
común hay. El punto es que es abiertamente opuesta a los intereses populares pero
favorable a los de las grandes corporaciones internacionales.
No es solo el poder económico el
que está en la agenda de la unidad de los partidos patronales. La casta
judicial que viene interviniendo, sin ambages, en defensa de los intereses
empresariales cuenta con la venia del conjunto de esas fuerzas. Hasta la
(vieja) “promesa” de la nueva política por fuera del bipartidismo (Luis Juez) se
animó a defender en TV al fiscal Hairabedian contra los ataques por sus vínculos
con Rafael Sosa. Dentro de esta aristocrática casta se encuentra el fiscal
Caballero, que viene de imputar
al delegado de Valeo Leonardo Sánchez, impidiéndole la entrada en planta, desprotegiendo
a los trabajadores en momentos de despidos y suspensiones.
Disparen sobre la izquierda
(una vez más)
La campaña macartista que siguió a la represión en la Legislatura cumplió una
nueva semana. Cuando la calumnia juega un papel en la política (o en la lucha de
clases) tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias.
Fue así que, a pesar de que De la Sota negó haber difamado a Cintia
Frencia, el pasado jueves Oscar González -actual presidente provisorio de la
legislatura y ex Jefe de Gabinete provincial- se despachó
contra “los encapuchados” a los que asoció, sin nombrarlo, al FIT (“esa
pequeña fuerza política” que “busca un reconocimiento por los canales que la
democracia establece”). En el mismo sentido fue la acusación de
la legisladora Nadia Fernández. Vale la pena recordar sus orígenes en el
kirchnerismo, para terminar borocotizándose
en una ferviente delasotista.
Estos intentos de cargar las “responsabilidad
políticas” sobre el FIT muestran lo endeble de la argumentación real con la que
iniciaron la cuestión de privilegio contra
el FIT en la Legislatura. Lejos de poder probar la participación real en los
hechos que se imputa, deben recurrir a esta burda maniobra.
Al mismo tiempo, la denuncia
al Jefe de la policía provincial por la represión de esa jornada pone al descubierto la unidad de un plan
armado para cazar a cualquier que pudiere ser asociado a los “incidentes” y al
voto negativo del FIT a la Ley provincial de Ambiente.
En este escenario, el silencio
sepulcral de los sectores alguna vez llamados progresistas no deja de impactar.
La ausencia de pronunciamientos claros y permanentes contra los ataques que
sufre el FIT, tanto con los procesamientos por la represión como por el ataque hacia
la banca, evidencian otro aspecto de esta unidad política “por arriba”. Para el
kirchnerismo cordobés constituiría una especie de ruptura de la disciplina política
condenar el ataque a la izquierda, cuando el gobierno nacional lo hace de
manera reiterada como se vio recientemente en el conflicto de Gestamp.
En un escenario marcado por el
crecimiento de suspensiones y despidos, donde todavía está por verse el efecto
real de las medidas tomadas por el gobierno (acuerdo con Brasil, Plan ProCreAUTO
y rebajas de algunos precios), la existencia del FIT como alternativa política al
conjunto de los partidos patronales, actúa como una espina en la planta del pie
para el régimen político. La posibilidad de que ese espacio político o un
sector de él, confluya con los reclamos obreros que empiezan a extenderse, es
la principal preocupación política de los partidos que sirven a los intereses
empresariales.
La perspectiva de resistencia a
las consecuencias de la crisis económica es opuesta por el vértice a la salida
que se impuso a fines de los 90’ en Córdoba y todo el país, donde primó la “paz
social”.
En ese temor a que la lucha de clases pueda abrir un camino a la
izquierda trotskista, contra la burocracia anquilosada de los Pihen, Dragún o
Urbano, que constituye hoy un verdadero bastión del régimen político provincial; allí reside la
preocupación más duradera de los partidos políticos patronales.
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