Paula Schaller
De escenas, actos y dramas
Un nuevo episodio de la "crisis policial" se vivió por estos días en Córdoba, escena del acto más general que parecía anunciar un rebrote de la protesta azul en varios puntos del país. Ya el 2014 comenzó con el anuncio de que Chaco, Entre Ríos y Misiones no pagarían los aumentos acordados con las policías por haberse dado "bajo extorsión", mostrando al menos dos cuestiones de fondo: por un lado, que las exiguas finanzas provinciales tienen (en la medida en que no trastoquen sus estructuras, claro está) poca capacidad de afrontar aumentos que en algunos casos llegan al 50 %, menos aún cuando éstos actúan como disparador de las aspiraciones de recomposición salarial de sectores del movimiento obrero, empezando por los propios estatales. De hecho, los 20 mil millones de pesos extras que en total implicará para el presupuesto de las provincias el aumento a la policía llevó a muchas de estas, a fines del 2013, a agitar el fantasma de la emisión de cuasi-monedas, algo que se evitó con una renegociación de las deudas provinciales con la nación por unos 75 mil millones de pesos. Con el escenario de las paritarias estatales, está por verse hasta donde este colchón permitirá a las finanzas provinciales afrontar aumentos por encima del 30 %, que es el piso de expectativas planteado por la protesta de los uniformados.
Por otro lado, el retroceso de algunos gobernadores se montaba en el propio desprestigio de masas con el que salió la Policía luego de los motines, que con los saqueos y asesinatos llevaron a millones a sufrir directamente las consecuencias de un rostro de la policía que muchos (sobre todo las clases medias) no padecen cotidianamente: el de la mafia organizada para el gran delito.
Así las cosas, los recientes intentos de reeditar las protestas policiales tanto en Entre Ríos, donde el gobernador retrocedió con el aumento, como en Córdoba, donde fueron detenidos 16 policías y 28 pasados a relevo, redundaron en fracasos.
Y es que el desprestigio de la policía no es gratuito: hoy por hoy, cuando para millones en todo el país es vox populi su participación en los saqueos, se ve limitada sensiblemente su capacidad de emprender en lo inmediato acciones ofensivas como los motines de diciembre.
¿Significa esto que, desde el punto de vista burgués, el envío de Gendarmería sea exagerado, una mera "puesta en escena" tanto de De La Sota como de Cristina para recobrar prestigio? Aunque toda jugada entre en lo "políticamente aprovechable", lo cierto es que el rápido envío de Gendarmería respondió esencialmente a una política preventiva realista: abortar cualquier resurgir de la protesta que fortalezca el accionar independiente de la policía como actor de presión. La emergencia de las policías como actores políticos capaces de motorizar sus demandas (lo que hemos denominado "embrión de partido policial") con sus propios métodos (amotinamientos, incitación a los saqueos, etc) plantea, de desarrollarse, un serio problema de gobernabilidad. Precisamente por eso, la inmediata respuesta militar con el envío de Gendarmería fue acompañada de una respuesta política, con Berni desplazándose por las provincias en conflicto y, al igual que Capitanich, declarando elocuentemente: "no vamos a permitir extorsiones". Se intenta mostrar capacidad de someter políticamente a las corporaciones policiales provinciales para asentar una nueva relación de fuerzas luego de que tanto los regímenes provinciales como el nacional capitularan ante los amotinados en diciembre pasado. A su favor, cuentan con el desprestigio de la policía.
A diferencia del pasado diciembre, en estos días la escena no contuvo ninguna "tragedia" (no hubo amotinamientos ni ninguno de sus efectos sociales derivados), pero no por eso perdemos de vista el "drama" en su dinámica: la necesidad burguesa estratégica de poner a raya a una policía que amenaza con ser un factor de inestabilidad, precisamente en momentos en que otros factores convergen en acelerar los ritmos del fin de ciclo y se preanuncian escenarios de mayor polarización social. (Ver acá)
La crisis delasotista y la "cuestión azul"
En Córdoba, la crisis policial se ubicó como uno de los primeros factores de crisis del régimen provincial con el estallido del narco-escándalo. Este, que destapó la trama de la complicidad de la policía, la justicia y el gobierno en el negocio del narcotrafico, impactó de lleno políticamente, valiéndole a De La Sota un magro resultado electoral en las últimas elecciones producto del desprestigio de su gobierno. En aquel momento, el intento delasotista de relegitimar a la policía con el rápido descabezamiento de su cúpula y la remoción de Paredes al frente del Ministerio de Seguridad se chocó primero con la continuidad del accionar represivo de la policía (casos de gatillo fácil y asesinatos en comisarías) y después, a un nivel mucho más "de masas", con el impacto negativo de los motines y saqueos. El gobierno delasotista salió del amotinamiento aún más debilitado: millones vieron al gobernador hacer una mala administración de la crisis, sobreactuando la disputa con el gobierno nacional en medio del caos social para finalmente arrodillarse ante los reclamos de la misma narco-policía que estuvo atrás de los saqueos. Nuevamente, De La Sota descabezó la jefatura policial y la Ministra de Seguridad, puesta en su cargo hacía poco más de dos meses, tuvo que renunciar, mientras el gobernador modificaba a parte importante de su gabinete. Así las cosas, el derechista régimen delasotista, caracterizado en estos años por un activo protagonismo policial en la política de control social (que implicó, entre otras cosas, el avance de la política de segregación social de la juventud humilde de las barriadas populares), sigue jaqueado en uno de sus pilares, y actualmente se enfrenta a una doble contradicción: por un lado, necesita subordinar políticamente a la institución policial a la vez que sanearla, lo que implica necesariamente una política de pactos pero también castigos ejemplares que la relegitimen socialmente. Una especie de "atacar pero no tanto", evitando forzar una escalada que abroquele a la corporación policial. La línea será la de castigar a las "manzanas podridas". De ahí que la semana pasada se hayan ordenado las detenciones de 16 uniformados y el pase a retiro de otros 28 pero no por la implicancia policial en los saqueos (algo que, aunque de motorizar una investigación judicial mínimamente seria podría comprobarse, destaparía aún más la peligrosa olla de la implicancia policial en el delito organizado) sino por insubordinación. Hay un claro mensaje aleccionador en esto: el gobierno, pese a que se arrodilló a las demandas azules, no tolerará más actos de insubordinación. Los propios medios se encargan de destacar que el testimonio del ex-jefe policial fue clave para detectar a los que incitaron a la desobediencia, con lo que quieren mostrar que no hubo "espíritu de cuerpo" policial sino un pequeño grupo que incitó la insubordinación a la autoridad . Por otro lado, De La Sota tiene la contradicción de que la policía no está dispuesta a tolerar pacíficamente ser la "cabeza de turco" de un régimen provincial debilitado. Ahí se inscribe la amenaza que la ex Ministra de Seguridad Monteoliva recibió el mismo día en que se anunciaban las detenciones y los relevos. Si hoy por hoy la policía no está en condiciones de reeditar una nueva protesta de envergadura para limitar o impedir las represalias del gobierno si puede alentar o dejar correr aprietes de todo tipo, lo que podría implicar no sólo amenazas sino distintas formas de extorsión típicas de la policía como "zonas liberadas", casos de gatillo fácil, etc. etc.
Es un capítulo que está abierto y que puede dar saltos o nuevos actos de enfrentamiento más directo con un gobierno que, a su vez, tiene la urgencia de cerrar rápidamente filas para afrontar de lleno el conflictivo escenario social que se avecina.
Régimen y lucha de clases
Todo el arco político burgués de Córdoba (radicales, juecistas y kirchneristas) coincidió en apoyar el pedido de De La Sota al gobierno nacional del envío de Gendarmería, mostrando que la subordinación de la policía es una cuestión que atañe al conjunto del régimen. Y esto no sólo porque desde el punto de vista burgués es una necesidad de primer orden un control razonable de la policía, sino que también hay en ese consenso un tiro por elevación que intenta mostrar cierta fortaleza frente al manejo de la protesta social. Problema al que no sólo se enfrenta el delasotismo sino un también debilitado kirchnerismo que, por más que pueda crecer en Córdoba aprovechando la crisis de De La Sota, tiene nacionalmente la misma política antiobrera de combatir la inflación con bajos salarios y aumento de la productividad, es decir de la explotación. Pero el escenario está lejos de anunciarse tranquilo: ya este año se inauguró con una dura protesta en el sector de la salud que se mantuvo tras la traición de la conducción del SEP y sólo se levantó la semana pasada con la promesa del gobierno de abrir una paritaria en febrero y reconocer como interlocutor sindical a ATE. Esta última medida es parte de la doble política de De La Sota: por un lado, ensaya ciertas concesiones que lo muestran dialoguista mientras que por otro lado intenta promover un proyecto de ley para limitar la capacidad de huelga de sectores considerados esenciales como salud, educación, justicia, transporte y seguridad. Por su parte, los docentes cerraron el año con un extendido repudio a la aceptación de la conducción de UEPC del mísero bono navideño ofrecido por el gobierno. Frente a la inflación, al desprestigio del gobierno y al aumento sideral obtenido por la policía, se muestra un estado de ánimo de fuertes expectativas de recomposición salarial. Este ánimo que impera en la base es el fundamento de la negativa de la CGT delasotista a los planes del gobernador de limitar el derecho a huelga. Aparentemente, De La Sota no podría arriar a su propia tropa sindical para imponer sus planes, ya que la propia tropa sindical tiene que responder ante una base con expectativas recargadas y que no va aceptar ver cercenado su derecho a huelga. De avanzar el proyecto delasotista en la legislatura, que uno de uno de los legisladores-sindicales estrella del delasotismo como Pihen lo rechace sería una importante crisis que profundizaría el desgaste del gobierno.
Esto se combina con dos fenómenos significativos que son parte de la dinámica de la situación provincial: por un lado, el crecimiento de demandas democráticas populares tales como la lucha contra la instalación de Monsanto, que tuvo un primer triunfo táctico con la paralización de las obras -hasta tanto se realice el estudio de impacto ambiental- anunciada los primeros días de enero, siendo un nuevo revés para el gobierno provincial (y, conviene recordarlo, para el nacional que atrajo la inversión de la multinacional); o las movilizaciones de repudio al accionar policial, la "marcha de la gorra", que en su última convocatoria nucleó a una muy amplia vanguardia de más de 10 mil personas, esencialmente jóvenes, cuestión que hemos analizado acá. Es sobre este fenómeno que se ha montado el kirchnerismo, tomando discursivamente demandas que dan en un flanco débil del gobierno para organizar sectores de la juventud (esencialmente barrial), creciendo en capacidad de movilización y planteando para la izquierda el desafío de consolidar su influencia sobre la juventud para el único programa capaz conquistar las sentidas demandas democráticas: la alianza estratégica con el movimiento obrero.
Y este es precisamente otro de los fenómenos profundos que subyace a la situación provincial: el nuevo estado de ánimo que empiezan a mostrar sectores del estratégico proletariado industrial de la rama automotriz, (acá), entre los cuales siguen haciendo punta los obreros de VolskWagen que resisten a los despidos, mostrando el camino a seguir frente a los despidos y ataques que ya empezaron a correr en el sector.
Frente a este escenario, desde el PTS nos planteamos aprovechar al máximo posible el crecimiento político de la izquierda sobre franjas de la juventud y los trabajadores para dar pasos firmes en la orientación estratégica que cada vez se demuestra más necesaria: la conquista de los sindicatos (o internas, o fracciones clasistas) y los centros de estudiantes, verdaderos puntos de apoyo que nos permitan incidir sobre la realidad. Mediante agrupaciones en estatales, en sectores industriales y en el movimiento estudiantil, nos proponemos preparar conscientemente a sectores de vanguardia del movimiento obrero y la juventud para luchar por recuperar sus organizaciones y convertirlos en organismos al servicio de agitar y organizar para un programa que permita a la clase obrera ser hegemónica, levantando las demandas del conjunto de los sectores oprimidos.
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