martes, 10 de diciembre de 2013

La extensión de los motines y la crisis política. Apuntes de coyuntura



Eduardo Castilla 

Giros. La realidad argentina da permanentemente que hablar. Su dinámica, por momentos, no deja de sorprender. A la hora que empezamos a escribir estas líneas se registraban seis muertos por los saqueos, que vienen a sumarse a los dos que dejó la situación vivida en Córdoba hace menos de una semana. Chaco, Tucumán, Santa Fe, Mar del Plata, Luján, Concordia y La Plata son algunos de los nombres propios de una crisis que no para de crecer, mostrando de paso, los límites de la “década ganada” en lo que se refiere a convulsiones sociales. Estamos cerrando este texto y los medios informan de un nuevo muerto en Tucumán. Se trata sin duda de una crisis social y política de magnitud que pone de manifiesto los elementos profundos de lo que ha dado en llamarse fin de ciclo.
Aquí se han señalado los fundamentos básicos de la “cuestión policial” que, tomando la forma de una protesta salarial, “hace honor” a la relación de fuerzas resultante de estos años de crecimiento. Años donde la clase obrera recuperó su poder social. Allí también se da cuenta de los límites de los presupuestos provinciales para contener a los perros guardianes del orden burgués, en el marco del bonapartismo de caja del que hizo uso el kirchnerismo como “modelo de gestión”. 

Lecturas. Las acusaciones del gobierno nacional sobre Massa y la oposición deben tener su grano de verdad (más de uno posiblemente) pero no soslayan el hecho de que existe un aparato mafioso que se ha constituido en un poder dentro del poder, utilizando para tal fin su carácter de  fuerza especial separada de la población. Que esa fuerza tenga imbricaciones con sectores del poder político no niega su función de corporación que actúa en la escena (política) en función de demandas que le son propias. La lectura conspirativa (destituyente) recrea la tradición propia del kirchnerismo que no puede acusar recibo de los problemas fiscales de las provincias a las que mantuvo “ahogadas” en estos años. El reclamo de coparticipación (la agenda “federal”) expresó estos límites a lo largo de todo este tiempo.   
Sin oponerse pero complementando, la lectura que centra su atención en el “vandalismo” (TN) empuja la opinión pública a la derecha, hacia la necesidad de una represión más cruda. Los comerciantes desfilan por la pantalla “explicando” que los policías no pueden cobrar “tan poco”.
Una y otra lectura tienen un objetivo común: negar la profundidad de la brecha social que existe en la Argentina. Es evidente que en los saqueos actúan bandas organizadas, todas ellas amparadas por las fuerzas policiales. Pero este discurso niega la profundidad de la crisis social, la exclusión de sectores de las masas del “festín K”, máxime si se analizan las provincias del norte argentino que están entre las más pobres y dependen, en un porcentaje alto, de la coparticipación federal.

Golpes. El gobierno nacional salió duramente golpeado de las elecciones de octubre. Sobre esa base se edificó su giro hacia posiciones de “diálogo” al decir de franjas de la oposición patronal, que sonrieron al ver a “Coqui” sentado a la derecha de CFK. A lo largo de varias semanas la realidad mostró la imagen de un espejo invertido: el gobierno, derrotado en octubre, estaba a la ofensiva, imponiendo límites a los reclamos obreros, negociando con los gobernadores, estableciendo una agenda de gestión.
Pero los espejos se rompen. La figura de Capitanich (el “Bonaparte” suplente) está sufriendo su primera -y muy dura crisis- con la extensión de las rebeliones policiales. Si la crisis general (que no pudieron prever ni evitar que se extendiera) resulta un golpe fuerte, los muertos en el Chaco, son un lastre difícil de remontar. A pocas semanas de haber tomado el timón del gobierno, ya “Coqui” sufre las desventuras del fin de ciclo que parece avanzar horadando la tierra bajo los pies de la política burguesa.    
El gobierno nacional, por estas horas, define que las negociaciones con los aparatos policiales deben encuadrarse en los recursos con los que cuenta cada provincia. La “estrategia” del gobierno  podría consistir en la refinanciación de las deudas provinciales hacia el 2014, como acaba de anunciar luego de la reunión con De la Sota. Pero eso está lejos de aplacar inmediatamente las demandas policiales y patea la crisis fiscal hacia el 2014. Con ese plan o sin el mismo, el gobierno nacional demuestra completa prescindencia de la crisis en curso.  

30 años. No deja de resultar paradójico que la conmemoración de los 30 años de la asunción de Alfonsín se recuerde en el medio de motines policiales en varias provincias, decenas de saqueos y varios muertos. Escenario que configura la perspectiva de un diciembre caliente. Aunque no hay continuidad directa entre aquel que derribó a De la Rúa y la actualidad, en la memoria colectiva el 2001 sigue siendo un factor actuante.
La “astucia de la historia” (o su cinismo) hacen coincidir los festejos por 30 años de elecciones ininterrumpidas con las expresiones más brutales de la continuidad de un aparato mafioso y de la miseria de amplias capas sociales. El legado de la “década ganada” no logró revertir tamaña herencia.

Sindicato. La crisis abierta por los motines policiales disparó nuevamente el debate por la sindicalización de la policía. El gobierno nacional se opone radicalmente, mientras sectores de la burocracia sindical lo propician. Para la clase dominante el peligro es institucionalizar las medidas de fuerza y permitir que la policía pueda paralizar sus tareas cuando lo desee. Aunque algunas fracciones lo ven como política para dialogar responsablemente. Para la burocracia sindical podría tratarse de un nuevo sindicato con verdadero “poder de fuego”. De conjunto, con esta idea se intenta “normalizar” la institución e impedir este tipo de crisis.
Considerarlo un avance, como lo hace cierta izquierda, implica un sindicalismo liso y llano. Como se señala acá las concesiones que otorgan los gobiernos provinciales en aras de hacer retornar a los represores a sus tareas, deben ser vistas como lo que verdaderamente son, una consolidación de la impunidad policial y un mejoramiento de su poder de fuego. Que esto dispare movilización de sectores de la clase trabajadora, como está ocurriendo en Córdoba, es otro cantar.

Córdoba. Fue la avanzada de esta crisis, haciendo honor a cierta “tradición” de adelantar, muchas veces, los fenómenos políticos nacionales. Posiblemente por eso, una lectura de los días posteriores en Córdoba, colabore a pensar la dinámica en otras provincias. Señalemos tres elementos principales.
1) El temor del empresariado  y su (duro) reclamo de que los saqueos no vuelvan a repetirse. La propiedad privada (en versión de grandes superficies o en pequeños negocios) fue el centro de los ataques. Pero precisamente, la defensa de la misma, es la tarea suprema del aparato represivo. Propiedad (privada) y orden son sinónimos en este lenguaje. De ahí que el des-control de la fuerza policial asuste y ponga en guardia a la clase capitalista.
2) La emergencia de la lucha de los trabajadores estatales, que ya suma un paro de 48hs e inicia uno de 72hs, con movilización este miércoles y el viernes. La misma burocracia del SEP (del delasotista Pihen) que no mueve un dedo por defender los intereses de los trabajadores y persigue a los sectores de oposición, hace alarde una combatividad extrema en las palabras y, en parte, en los hechos. Esto muestra el enorme descontento que existe entre los trabajadores que impulsaron la toma de varios hospitales. El temor a que esto se contagie a los docentes fue lo que motivó el adelanto del fin del ciclo escolar en una semana.
3) La crisis política del gobierno que no para de acentuarse. De la Sota  volverá de la Casa Rosada con un pequeño triunfo bajo el brazo. Pequeño en relación al objetivo que se había propuesto hace unas semanas, cuando dijo iba por la “deuda de la Caja de Jubilaciones”. Pero la crisis política se evidencia por todos los poros. No sólo ha tenido que hocicar frente a Capitanich (“un amigo de muchos años”) sino también avanzar en cambiar parte importante de su gabinete, dejando de lado a una de sus principales espadas (González), desplazando a los funcionarios y policía que, hace menos de 90 días, entraron en funciones por el narco-escándalo, y dándole poder a los intendentes peronistas. Así, el motín policial vino a dar un golpe más a la gobernabilidad.

Estrategia.  La idea de que “cuanto peor mejor” es una idea propia del populismo (que alguna izquierda suele adoptar). Las rebeliones policiales y los saqueos no permiten avanzar en la construcción de la alianza obrera y popular, como ya señalamos aquí. Por el contrario, es la acción consciente de la vanguardia obrera y la izquierda obrera y socialista, la que puede permitir dar pasos claros en ese camino. La política revolucionaria, exige claridad. La ambigüedad no clarifica posiciones de clase.


 

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