Eduardo Castilla
La última semana fue testigo de dos pasos más en el giro a la derecha que
viene describiendo el kirchnerismo en el gobierno, pasos que expresan
profundamente los límites del autodenominando “modelo nacional y popular”. Por todos lados
tiende a emerger la crisis de un discurso que se construyó en base a la
comparación con “los 90” como década “perdida” a manos del neoliberalismo. Si
en todo caso, muchas de las crisis que emergen en este fin de ciclo, hacen retornar ese fantasma, es el resultado de la continuidad
con aquella década, tanto en el terreno de los problemas estructurales como en
la persistencia de una casta política que, si bien recicló su discurso, no “se
fue”.
Eso y no otra cosa es lo que expresa el acuerdo con Chevron firmado ayer
por el gobierno nacional que vienen a implicar un salto en la entrega del
patrimonio nacional. A su vez, la designación de Milani como jefe del Ejército,
abre una nueva brecha en las murallas del gobierno de los “derechos humanos”
que se suma a la crisis del Espionaje de Proyecto X.
Chevron y la “soberanía
energética”
El acuerdo firmado ayer, por el cual la multinacional estadounidense
se compromete a una inversión de 1240 millones de dólares en el yacimiento de Vaca
Muerta, es una verdadera entrega del patrimonio nacional. Se vuelve a evidenciar
que no hay (ni hubo) pelea alguna por la “soberanía energética” sino golpes de
timón pragmáticos para descomprimir tal o cual crisis estructural, “heredadas”
pero no resueltas al cabo de la “década ganada”.
Repasemos algunos de los puntos centrales de este acuerdo que “garantiza la
soberanía energética”. Según se informa aquí:
-“A partir del quinto año, las firmas gozarán “del derecho a
comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de
hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos Proyectos, con una alícuota del 0% de derechos de
exportación”. Es, decir, prácticamente se le entrega el 20% del
conjunto de la producción nacional a una multinacional imperialista sin ningún
tipo de contraparte.
-Además, el decreto establece que
las empresas que adhieran a este régimen "tendrán la libre disponibilidad del 100 por
ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales
hidrocarburos, en cuyo caso no estarán obligados a ingresar las divisas
correspondientes a la exportación del 20 por ciento de hidrocarburos".
Este mecanismo es la contraparte directa del brutal cepo cambiario que imponen
a millones de personas. Mientras ningún “ciudadano de a pie” puede comprar
dólares con alguna libertad, este nuevo régimen les permite a las empresas
gozar el beneficio de hacer lo que quieran con los mismos: reinvertirlos o
enviarlos a sus casas matrices. Es decir se garantiza la continuidad de la
“fuga de capitales” tantas veces negada.
-Además, y ya rayando lo bizarro,
el estado está obligado, por medio
del nuevo decreto, a “resarcir a las firmas” si, para sostener el
auto-abastecimiento local, éstas no logran
exportar ese 20% sobre el que tienen el conjunto de los beneficios antes
señalados. Así, el auto-abastecimiento se sigue “garantizando” a costa de
fenomenales gastos del tesoro nacional. Si hasta ahora fue el resultado de las importaciones
de combustible, a partir del 5º año de vigencia de este acuerdo, será el
resultado de pagarles a las multinacionales que producen (y ganan) en terreno
nacional
Pero lo que implica un salto en
este intento de atraer al capital imperialista lo constituye el hecho de que no
se trata de un acuerdo puntual sino de una modificación
del régimen de inversiones en hidrocarburos. Es decir, el Decreto
929 garantiza una base para las futuras inversiones extranjeras a
multinacionales imperialistas que puedan llevar adelante una inversión superior
a los U$1000 millones, garantizando todos estos beneficios y la posibilidad de
concesiones en áreas específicas por 35 años. Ante tanta capacidad de entregar
del patrimonio nacional y haciendo caso omiso de la vergüenza, Raúl Dellatorre,
en Página12, escribe
que “Lo que importa es el contrapeso y la
capacidad del Estado y la petrolera bajo gestión estatal para imponer el
interés nacional y social. Sólo así se logra preservar la soberanía nacional
energética”. Es evidente que el estado, con este acuerdo, está demostrando
su absoluta debilidad siquiera para imponer una reglamentación mínimamente
exigente.
Cuando se anunció la nacionalización de YPF (que no era más que la
nacionalización del 17% del total de la producción) escribíamos que “lo
que puede ser un éxito de coyuntura, reforzando el gobierno y dándole aire,
presenta contradicciones a futuro no menores (…) el gobierno sufre un problema
fiscal estructural. De esa contradicción nacieron a la vida la Resolución 125,
la nacionalización de los fondos de las AFJP’s y las modificaciones de la Carta
Orgánica del Central (…) Esa base estructural limita las posibilidades de inversión
en exploración y extracción”. Precisamente ese es ahora el argumento de los
analistas, tanto del gobierno como de la oposición para justificar la alianza
con Chevron.
Víctor Bronstein, Ingeniero del
Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, escribe
que este acuerdo con Chevron es necesario por dos motivos: “El primero es que aportan los
dólares en un proyecto que requiere de un enorme esfuerzo inversor. El
segundo es que traen conocimiento y tecnología para poner en marcha los pozos”.
Es innegable que las inversiones que no se hicieron en tecnología ni durante
los 90’ ni durante la “década ganada” no se pueden realizar en un año y con
importantes franjas de la producción en manos de empresas privadas. Pero “los
dólares” que aporta Chevron podrían ser obtenidos tanto de las mismas empresas
que se hallan en la rama del petróleo y el gas, como de retenciones más altas a
las mineras o a los sectores de los grandes capitalistas del agro que, como
dijimos acá,
salieron de la esfera de la lucha por la “distribución de la renta”, hace rato.
Como se explica en el Dossier de este
primer número de la revista Ideas de Izquierda,
los terratenientes y grandes empresarios capitalistas se llevaron en
estos diez años una renta agraria cercana a 7500 millones de dólares. Si esa
renta hubiese sido efectivamente apropiada por el estado, se trataría de una
cifra 6 veces superior a la inversión que ahora compromete Chevron. Es decir, “los
dólares” están y estuvieron todos estos años, pero en manos de las grandes
corporaciones a las que el gobierno no quiso tocar.
Milani y nuevo golpe al relato de los “derechos humanos”
El gobierno viene claramente
haciendo agua en uno de los que fue sus terrenos privilegiados. Parte
importante de su legitimidad política en estos años derivó de haber tomado un
tema central en la historia nacional como es la cuestión del Genocidio,
reapropiándose de un discurso reivindicativo de la generación de los 70’ como
una generación militante que luchaba por sus ideales. Esa reapropiación (completamente
parcial) sirvió para galvanizar a parte de su base social y en particular a sus
corrientes militantes. Pero las denuncias del Proyecto X y el surgimiento del espionaje
de la Gendarmería, así como el ninguneo brutal del gobierno nacional a la
comunidad QOM, junto a la represión y asesinato de integrantes de esa comunidad
por parte de gobiernos como del Formosa y Chaco, fueron golpes a ese discurso
en los últimos meses.
La asunción de Milani parece
estar siendo un salto en este tipo de crisis, poniendo en una situación de
defensividad al gobierno. Las acusaciones que lo vinculan con el Operativo
Independencia y el Batallón 601 muestran que tuvo un rol dentro de la represión
estatal en la dictadura. La acusación
que la está haciendo Ramón Olivera, ex preso político en La Rioja, sobre su
participación en su secuestro y el de su padre, junto a la existencia de
simulacros de fusilamiento, ponen en claro su rol en el accionar represivo. Ante
esta catarata de ataques, Milani ha decidido presentarse
a la justicia de La Rioja “espontáneamente”, negando las acusaciones de que es
objeto. Más allá de cómo se desarrolle esta crisis política, de fondo lo que se
evidencia son los límites del discurso de reconciliación
nacional que el gobierno venia ensayando en las últimas semanas, a tono con su
giro a la derecha que tenia expresión, por ejemplo, en el acuerdo con el Papa y
la Iglesia.
Ese discurso de reconciliación no
puede ser impuesto esencialmente como resultado de las disputas políticas que
existen por arriba. Que Clarín y La Nación hagan una campaña furibunda contra
Milani por su rol en la dictadura no resiste el menos análisis. Su rol claro en
la dictadura del 76’ (y en el caso de La Nación en todas las anteriores) está
ampliamente reconocido. Pero en este caso también hay una responsabilidad
política del gobierno nacional. Tan limitada fue su política de encarcelar a
los responsables del Golpe, dejando casi sin tocar a los responsables civiles,
que los grandes medios y los empresarios a su cargo, siguen completamente
impunes. No es otro sino el caso de Magnetto.
El intento de cerrar las brechas
entre el movimiento de masas y las fuerzas represivas fue una política de
estado de la clase capitalista desde el retorno a la democracia, pasando por la
Obediencia Debida y el Punto Final, los Indultos y demás decretos menemistas.
Si el kirchnerismo se vio obligado a “jugar con fuego” en este terreno, hizo
todo lo posible por reducir la “caza de genocidas” a los viejos gerontes inofensivos
que estaban en retirada y no cumplían un rol activo. La aparición de las
acusaciones contra Milani está mostrando la continuidad real de ese aparato represivo y poniendo al descubierto
lo limitado de esas reformas kirchneristas. Estas brechas por arriba, donde las
fracciones políticas burguesas se atacan con munición gruesa, permiten, en este
caso, que la política de reconciliación con las fuerzas represivas encuentre nuevos
límites.
Crisis por arriba y emergencia de la izquierda revolucionaria
Las crisis por arriba y las peleas
entre las fracciones políticas de la clase capitalista son hándicaps para la
clase trabajadora, la juventud y la izquierda clasista y revolucionaria. En un
mundo que empieza a tener como protagonista a la “política
en las calles”, con las enormes movilizaciones en Brasil, Bolivia o Chile
para nombrar sólo nuestro continente, las peleas centrales de la izquierda
tienen que estar puestas en el camino de prepararse para la emergencia de
crisis generalizadas que permitan avanzar en el camino de la fusión entre ella
y la clase obrera, es decir en la construcción de un partido revolucionario de
vanguardia.
En función de esa apasionante y
más que necesaria tarea, las condiciones subjetivas de la clase trabajadora y
la juventud presentan múltiples contradicciones. Pero la existencia de una potencial
“nueva generación obrera”, no atada de manera directa al peronismo, abre
enormes posibilidades para la izquierda (al respecto se puede consultar la muy
buena nota de Paula Varela en la
Revista Ideas de Izquierda de este mes) a condición de que decida dejar de “mirar
de afuera” luchas centrales de la clase trabajadora como, por ejemplo, la
que están dando los trabajadores
despedidos de VW por su reincorporación en estos momentos o la gran pelea de las trabajadora de Kromberg.
En esa tarea
apostamos activamente.
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