Eduardo Castilla
Las audiencias abiertas que se realizaron la semana pasada estuvieron
plagadas de reclamos de distintos sectores corporativos. Desde la
cámara que agrupa a las PYMES hasta un representante de la Asociación de
Concesionarios de la República Argentina pasaron por la audiencia para,
en la enorme mayoría de los casos, rechazar el proyecto. Analizamos en
esta nota[i] algunas cuestiones de este presupuesto. Cuestiones que
llevarán a su rechazo por parte de la banca del Frente de Izquierda.
Un proyecto continuista
El proyecto garantiza la continuidad de grandes beneficios para los
grandes empresarios de la ciudad y el campo. Al mismo tiempo, mantiene
un presupuesto limitado para la salud y la educación además de
garantizar el trabajo precario en la provincia.
El Proyecto de presupuesto parte de la base de un esquema tributario
completamente regresivo. Como se consigna en la presentación del
presupuesto los ingresos impositivos propios están recostados sobre el
Impuesto a los ingresos brutos que aporta el 80,36% del total. Un
tributo completamente regresivo en tanto se aplica de manera homogénea y
termina recayendo sobre los consumidores.
Dentro del esquema general, el Impuesto inmobiliario, que afecta la
propiedad, sólo aportará el 6,55% del total. Como lo denuncian
organizaciones sociales, economistas y el conjunto de la oposición, los
valores sobre los que se calcula el inmobiliario rural se hallan
completamente desactualizados. La demostración de que se trata de un
proyecto en función de los intereses de estos sectores lo muestra el
hecho de que el gobierno presenta el aumento en ese rubro (32%) como un
acuerdo con los sectores empresarios. Es decir, los intereses de las
patronales del campo no serán afectados como sí lo serán los de millones
que deben pagar el inmobiliario urbano, que aumentará en un 37%. De
conjunto el proyecto consagra una estructura tributaria completamente
regresiva.
Grandes ganancias, grandes beneficios
La política tributaria provincial beneficia además a las grandes
multinacionales, entre ellas a las automotrices. La provincia deja de
percibir por desgravaciones de ingresos brutos, regímenes de promoción y
otros ítems la suma de $1.053.645.523, una cifra que podría destinarse
por ejemplo a aumentar 16% el presupuesto de salud.
En este rubro hay que anotar los beneficios por exención en el pago
del impuesto sobre los Ingresos Brutos y el inmobiliario a las grandes
patronales como Fiat, VW o Renault. Esos regímenes especiales están
consagrados en acuerdos específicos con esas empresas. Así, en Córdoba
el pueblo trabajador es el que, con sus impuestos, sostiene la
rentabilidad de los grandes empresarios de la ciudad y el campo. Una
demostración más de para quienes gobierna el PJ
El gasto viene en color azul
Analizar el esquema de gastos excede el límite de esta nota.
Consignemos algunos de los principales ítems, que dan cuenta de la
orientación general del gobierno de De la Sota.
La partida destinadas Seguridad interior será de $6.525.520.000,
superando las correspondientes a Salud (6.187.830.000), Promoción y
asistencia social ($1.257.576.000), Enseñanza media y técnica
($6.215.373.000), Inicial y primaria ($4.676.575.000) entre otras. La
única partida que supera el gasto en Seguridad interior es la de
Administración de la educación ($9.369.318.000).
Este énfasis en la seguridad va de la mano con la incorporación de
más de 1600 agentes policiales y del Servicio penitenciario. Esto sucede
al mismo tiempo que no se consigna ningún aumento de personal en el
sector de Salud y que los que se señalan para el área de Educación
suenan irrisorios en relación a los objetivos planteados. De llevarse a
cabo los mismos, solo puede conducir a un mayor precarización laboral
del empelo docente.
Como queda claro, el eje de la política de gestión del gobierno está
dado por mantener los limitados presupuestos de salud, educación,
vivienda y fortalecer a las mismas fuerzas policiales que, en lo que va
del 2014, asesinaron a 9 jóvenes por gatillo fácil. Las mismas fuerzas
represivas dirigidas con prepotencia por Julio César Suárez, quien está
imputado por amenazas y coacción contra un periodista. El proyecto de
presupuesto 2015 se puede resumir en ajuste tributario sobre el pueblo
trabajador, beneficios para las grandes patronales y más policía para
garantizar la llamada “paz social”.
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